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Jueza expone 17 argumentos para sepultar idea de una tabla de pensiones alimentarias

Actualizado el 11 de febrero de 2017 a las 11:42 am

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Jueza expone 17 argumentos para sepultar idea de una tabla de pensiones alimentarias

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Este jueves el abogado de familia Arcelio Hernández, junto con los diputados Natalia Díaz y Oscar López, presentaron un plan para modificar el cálculo de las penesiones alimentarias. (José Cordero)

La jueza de Familia Mauren Solís Madrigal, del III Circuito Judicial de San José, redactó 17 argumentos para pedirle a los magistrados de la Corte Plena abstenerse de aprobar o sugerir unas "tablas orientativas" para fijar los montos de las pensiones alimentarias, por considerar que esa sería una acción grosera, contraria a la ley y perjudicial para los beneficiados de las pensiones.

Así lo hizo la jueza de Desamparados luego de que el jueves, con apoyo de diputados, la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres propuso a la Corte crear unos parámetros mínimos y máximos, entre ¢38.000 y ¢720.000 por niño, para orientar la imposición de pensiones según las condiciones socioeconómicas de las personas y la zona en que vivan.

DESCARGUE: Tablas orientativas para fijar las cuotas alimentarias 

Con base en datos de consumo de la Encuesta de Hogares, la Asociación propuso esta tabla:

Pensiones (Diseño LN)

Este es un resumen de los argumentos de la jueza Solís en contra de la propuesta:

1. La pensión alimentaria se debe fijar según las circunstancias de cada caso y las pruebas que consten en el proceso. De ahí que generalizar montos, como pretende el uso de "tablas", conlleva a desaplicar la ley, introducir parámetros que no están contemplados en ella e invisibilizar variables jurídicamente relevantes.

Cuando se fija una pensión alimentaria, se toman en cuenta las necesidades de la persona que se beneficiará y las posibilidades de la persona demandada. También, se evalúa si hay alguna causal de exclusión. Tal como indicó la Sala Constitucional en el voto 2010-9775, el monto provisional de la pensión alimentaria no debe cuantificarse únicamente en relación con los ingresos económicos del deudor alimentario, sino que debe establecerse un juicio de ponderación en que se han de tomar en cuenta tanto las condiciones de quien tiene a cargo la obligación alimentaria como de los beneficiarios.

En nuestro país, no existe ninguna norma que autorice el uso de tales "tablas" y tampoco existe norma que autorice a Corte Plena a sugerir, ordenar o promoverlas aunque se les llame "orientativas". La ley establece claramente que la obligación alimentaria es prioritaria respecto de otras obligaciones.

No existe ninguna norma que obligue a estandarizar los montos de pensiones alimentarias. La estandarización pretendida es contraria a lo que dispone la ley, es decir, al análisis de cada caso en particular. ¿Dónde indica la Ley de Pensiones Alimentarias que uno de sus fines u objetivos es la estandarización de los montos por concepto de pensiones alimentarias? ¿Por qué la Corte Plena debe prestarse para promover un objetivo que no está en la legislación?

2. La independencia judicial impide a la Corte Plena ordenar, sugerir y promover que los jueces resuelvan de una determinada forma. Una sugerencia o imposición de tales "tablas" es una acción grosera contra la independencia judicial.

En el fondo, una asociación privada está solicitando el apoyo o respaldo de Corte Plena con el fin de que se abandone la aplicación de la legislación que no les resulta conveniente a sus intereses y sea sustituida por "tablas" que si bien se denominan "orientativas", en realidad lo que hacen es promover la invisibilización de variables jurídicamente relevantes. Es decir, dichas "tablas" si son orientativas pero hacia la discriminación por resultado, pues fomentan patrones culturales esteriotipados. ¿A quiénes representa la Asociación que solicita la implementación de las "tablas"? ¿Qué participación ha tenido en la elaboración de las "tablas" la población que no se ve beneficiada con su implementación? ¿cuál es el rigor científico del documento?

3. La experiencia de otros países en la implementación de ese tipo de "tablas" no es un argumento válido. La realidad de otros países no necesariamente coincide con la nuestra, tampoco su ordenamiento jurídico. Si en un país la legislación no es expresamente clara en la prohibición de la discriminación hacia las poblaciones en condición de vulnerabilidad, si no es expresamente clara en la prohibición de la violencia patrimonial y psicológica hacia esos sectores de la población, las "tablas" por supuesto que tienen acogida porque básicamente son eco de violencia estructural.

4. Los insumos que sirven de base a la elaboración de las "tablas orientativas" no responden a todos los rubros que deben ser considerados por ley en la fijación de una pensión alimentaria. Al invisibilizar rubros, el monto "sugerido" por las tablas no tiene rigor científico, no es un resultado objetivo, sino manipulado de forma muy conveniente a favor de quienes pagan alimentos.

Dentro de las necesidades que se deben analizar para la imposición de una pensión alimentaria están educación, instrucción o capacitación para el trabajo de las personas menores de edad o de las personas con discapacidad que no puedan atender sus propios intereses; atención de necesidades para el normal desarrollo físico y psíquico de la persona beneficiaria; todo lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, diversión, transporte y todo, según el nivel de vida acostumbrado.

Además, para el caso de las personas con discapacidad, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad dispone que para esa población es indispensable reconocer sus necesidades particulares por lo que la ley regula.

Una "tabla" no refleja las necesidades de una persona en particular. Las estadísticas que genera el INEC son generales y las pensiones se resuelven con fundamento en las pruebas que se generan en cada expediente judicial. Además, las estadísticas del INEC empleadas para elaborar las "tablas" no reflejan variables jurídicamente relevantes como discapacidad, condición migrante, población adulta mayor, maternidad adolescente, etc.

5. Las "tablas" desconocen la realidad de las mujeres que están dedicadas a la atención permanente de familiares dependientes en única, doble o triple jornada; desconocen también los cambios introducidos en la fijación de pensiones alimentarias para la población con discapacidad; desconocen el valor económico del aporte que realizan las mujeres mediante el trabajo doméstico; ignora que cuatro leyes impiden invisibilizar esa función social que realizan las mujeres (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y Ley de Contabilización del aporte del trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica).

6. La violencia patrimonial contra las mujeres está prohibida en nuestro país y las "tablas orientativas" promueven el control de la economía doméstica de las mujeres; control que ejerce quien paga alimentos, impidiendo a las mujeres administrar los recursos según las necesidades reales propias y de las demás personas beneficiarias de alimentos que usualmente son personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas menores de edad. Al establecer una "tabla" un monto específico según variables sesgadas de manera muy conveniente a los intereses de las personas obligadas al pago de alimentos, se impide tutelar los presupuestos que por ley, deben ser analizados para la fijación de pensiones alimentarias.

7. Las "tablas orientativas" violentan gravemente el principio de igualdad porque no es posible tratar como iguales a las personas que no se encuentran en igualdad de condiciones. Las pensiones no se fijan de manera generalizada. La generalización y sobregeneralización son herramientas básicas de la discriminación.

8. La Ley de Pensiones Alimentarias establece reglas claras de interpretación de la normativa en materia de alimentos, que obligan a interpretar la normativa en beneficio de las personas beneficiarias. Esto es relevante porque las "tablas orientativas" están diseñadas invisibilizando variables relevantes para así inclinar el resultado a favor de las personas obligadas al pago de alimentos. Entonces, su implementación violenta las reglas de interpretación legales en materia de pensiones alimentarias.

9. Las "tablas orientativas" confundirán a la población pues los conflictos familiares se desatarán con mayor intensidad, ya que las personas obligadas al pago de alimentos se opondrán a dar una pensión mayor a la que generalizan las tablas orientativas. De igual forma, las mujeres se verán presionadas a conciliar montos que no reflejan realmente las necesidades que tienen ellas o las demás personas beneficiarias. La población no podrá distinguir entre el carácter vinculante de la ley y el supuesto carácter no vinculante de las citadas "tablas" e incluso, se corre el enorme riesgo que la legislación entre en desuso y en su lugar, los procesos alimentarios sean resueltos con fundamento en el contenido de tales "tablas" y no en la legislación vigente.

Muchos de los conflictos familiares ocurren por las "creencias" que las personas tienen sobre la superioridad de sus supuestos derechos frente a los derechos de los demás miembros del grupo familiar. Ha costado mucho adecuar la legislación interna y los pronunciamientos judiciales a la normativa internacional sobre la protección de los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por ello, la implementación de "tablas" conlleva un profundo debilitamiento de todos esos cambios que tanto han costado. ¿Corte Plena está dispuesta a convertirse en un instrumento para debilitar toda la normativa que he citado en este documento?

10. Admitir que este tipo de "tablas" fomenta la división entre clases y, además, conllevará una avalancha de procesos de rebajo de pensión que tendrán como "fundamento" el contenido sesgado de las "tablas".

11. Las "tablas orientativas" en el fondo pretenden que entre en desuso la legislación vigente y Corte Plena no debe ceder en esto.

12. Las citadas tablas promueven la discriminación etaria. Para comprender esto, es indispensable analizar la tabla:

Cuanto más hijos (a) se procrean, menor es la pensión real para cada uno. Por ejemplo, un único hijo recibe más pensión que dos, tres o cuatro.

Otra forma de entenderlo sería que, conforme nacen hijos, a los mayores se les rebaja la pensión. Es decir, si dos hijos recibían ciento veintiún mil colones (sesenta mil quinientos para cada uno), el nacimiento de un tercer hijo conlleva a que a que la pensión sea fijada en ciento cuarenta y cinco mil colones (cuarenta y ocho mil trescientos treinta y tres colones para cada hijo). Esto es discriminación etaria.

Cuando más veces se embarace a una mujer, menos pensión debe pagar el padre de esos hijos (as).

13. La tabla desconoce que existen necesidades amparadas a la regulación específica que contempla el Código Procesal Civil sobre presunciones. ¿Dónde refleja la tabla el nivel de vida? ¿de qué forma la prosperidad económica de una persona obligada al pago de alimentos se hace extensiva a los (as) hijos (a) cuando se implementa esta "tabla"? ¿dónde refleja la tabla la discapacidad o el trabajo doméstico femenino?

14. Como complemento, la tabla deja de lado que existen gastos cuya demostración no es necesaria pues en el Derecho de Familia existe norma expresa sobre el tema: lo que por costumbre no genera recibo no es necesario probarlo.

15. Las citadas tablas promueven el desplazamiento territorial porque una persona tendrá mayores posibilidades de tener una mayor pensión si no vive en zona rural.

16. Promover el uso de las "tablas orientativas" genera que no exista valoración de pruebas.

17. El uso de "tablas" no promueve la Paz Social sino el sometimiento de unas personas respecto de otras con poder económico. Afirmar que las "tablas" fomentan la Paz Social es tan absurdo como afirmar que es mejor promover un "acuerdo rápido basado en generalizaciones" que una sentencia para un caso concreto basada en pruebas. Los conflictos no se reducen invisibilizando las necesidades reales de una persona beneficiaria de alimentos. En ese supuesto, el conflicto no se soluciona sino que es acallado.

  

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