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Junta interventora acude a Fiscalía por proyectos inconclusos

Judesur denuncia a dos alcaldes por manejo de fondos

Actualizado el 19 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Jerarcas de Osa y Coto Brus dicen que es persecución por temas electorales

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Judesur denuncia a dos alcaldes por manejo de fondos

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Alberto Cole, alcalde de Osa, alega que Judesur no terminó de girar los recursos para el proyecto vial en Bahía Ballena. | ALFONSO QUESADA/ARCHIVO.

El grupo interventor que el Gobierno impuso en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) denunció penalmente a los alcaldes de Osa, Jorge Alberto Cole, y de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro, por no concluir obras viales financiadas con fondos de esa entidad.

Se les atribuyen los presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Según Manuel Herrera, presidente de la junta interventora, desde el 2009 los ayuntamientos de Cole y Navarro recibieron ¢900 millones para ejecutar dos proyectos que, a la fecha, no han finalizado, a pesar de que tenían plazos de ejecución de seis a nueve meses.

En el caso de Osa, se trata de ¢600 millones que se giraron para la pavimentación de una calle y la construcción de caños y aceras en Bahía Ballena.

En Coto Brus, se investiga el desembolso de ¢300 millones que Judesur dio para la construcción de la ruta entre Sabalito, La Ceiba y Río Sereno.

Reacciones. Cole, del Partido Liberación Nacional, reconoció que el plan está inconcluso, pero culpó a Judesur de tal situación, pues, según él, no le han desembolsado todos los fondos.

“Se ejecutó hace cuatro años y la segunda etapa quedó pendiente porque la Junta Directiva de Judesur dejó de sesionar por un año y hubo problemas que imposibilitaron la entrega del dinero para la segunda etapa. Lo que faltan son 150 metros de acera. La Municipalidad tiene los materiales y la voluntad de terminar, pero en esto hay otras intenciones”, declaró Cole.

Su homólogo de Coto Brus argumenta lo mismo.

Navarro, del Partido Unidad Social Cristiana, asevera que a su municipio no le han entregado ni la tercera parte de los ¢300 millones pactados.

“Vamos a estudiar el asunto. Mañana voy a ir a sacar la denuncia para ver los detalles. De ese proyecto solo nos depositaron ¢92 millones; más de ¢200 millones no llegaron nunca”, afirmó.

Los dos jerarcas coinciden en que la denuncia responde a un tema político, pues ambos tienen la intención de buscar la reelección en febrero del próximo año.

“Cuando se me llame, ejerceré mi derecho. Es solo una denuncia con tintes políticos; es parte de lo electoral”, añadió Cole.

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Por esos dos casos, la junta interventora también denunció a dos funcionarios de Judesur, cuyos nombres no trascendieron.

Vienen más casos. Herrera adelantó que estas no serán las únicas denuncias que llevarán al Ministerio Público, pues todavía analizan información de otras iniciativas al parecer anómalas.

A la fecha, dijo, los interventores han encontrado “deficiencias en la asignación, seguimiento y supervisión” de 45 planes por ¢7.900 millones que, al final del 2014, no habían sido liquidados.

“No pretendemos saturar a la Fiscalía (…), pero hay más casos en las municipalidades. Todavía estamos revisando los proyectos para determinar en cuál hubo incumplimiento del plan de inversión y en los plazos de ejecución (…). Ni nosotros mismos sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Cada día aparece algo nuevo”, afirmó Herrera.

Aparte de las denuncias penales, el grupo interventor abrió un proceso disciplinario contra cuatro funcionarios de Judesur: el jefe de la Unidad de Proveeduría, el auxiliar de Proveeduría, la encargada de la Unidad de Recursos Humanos y el jefe del Departamento de Desarrollo.

Estas investigaciones responden a la intervención que el presidente Luis Guillermo Solís ordenó ejecutar en Judesur desde agosto del año pasado, debido a supuestas ilegalidades, desorden en gestión de proyectos y desperdicio de recursos, con más de ¢17.000 millones ociosos en cuentas bancarias.

Amplían intervención. Ayer, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó de que el Ejecutivo amplió hasta por seis meses el plazo de la intervención, luego de conocer en Consejo de Gobierno, un informe de gestión donde se señalaban las anomalías, las demandas y los procesos disciplinarios acordados.

“Continuar con la intervención nos permite seguir trabajando con absoluta transparencia en garantizar el uso correcto de los dineros públicos que deben ayudar a mejorar las condiciones de vida de los cantones que tienen un rezago histórico”, declaró Herrera. Colaboraron los periodistas Steven Oviedo y Esteban Oviedo

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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