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Alcalde josefino impugna artículo 41 de la Ley de Control Interno

Johnny Araya pide a Sala IV anular artículo que permite suspenderlo de la alcaldía

Actualizado el 03 de abril de 2013 a las 12:00 am

Alega que solo por vía judicial se puede sancionar a un funcionario público

Gestión contra destitución del titular de Seguridad, Mario Zamora, es idéntica

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Johnny Araya pide a Sala IV anular artículo que permite suspenderlo de la alcaldía

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                         La Contraloría General de la República fue notificada sobre la acción de inconstitucionalidad del alcalde josefino, Johnny Araya, el 22 de marzo, y prepara su respuesta ante la Sala Constitucional. | ARCHIVO
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La Contraloría General de la República fue notificada sobre la acción de inconstitucionalidad del alcalde josefino, Johnny Araya, el 22 de marzo, y prepara su respuesta ante la Sala Constitucional. | ARCHIVO

El alcalde de San José, Johnny Araya, presentó el pasado 1.º de febrero una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley de Control Interno.

Su intención es traerse abajo la suspensión de 15 días que la Contraloría de la República dispuso en su contra por sobrepagos a una empresa que ordenó el catastro de la Municipalidad.

La norma establece la suspensión temporal a funcionarios públicos, e incluso la separación definitiva de sus cargos para quien haya incurrido en las causales establecidas por la ley.

En la acción, el alcalde y precandidato presidencial de Liberación Nacional alega que solamente por la vía judicial, o sea mediante la orden de un juez, se puede imponer la suspensión temporal o la separación definitiva de un cargo a un funcionario público.

La acción está autenticada por el doctor en Derecho Jorge Leiva Poveda, y emplea normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la emitida en un caso similar de un funcionario público contra el Gobierno de Venezuela.

El mismo alegato. La acción de Johnny Araya es idéntica a la que planteó el ministro de Seguridad, Mario Zamora , el 12 de octubre del 2012, y que también fue elevada por el abogado Jorge Leiva.

El procedimiento administrativo estableció que el alcalde efectuó pagos por encima de lo que tenía permitido a una empresa proveedora de la Municipalidad de San José para el proyecto de actualización del catastro capitalino.

En su defensa, Johnny Araya argumentó que actuó conforme a lo que estableció el Concejo Municipal para hacer dichos pagos.

En diciembre pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó un recurso de nulidad interpuesto por el Alcalde. Sin embargo, Araya impugnó nuevamente esa decisión.

Una vez acogida por la Sala Constitucional la acción presentada por el ministro Zamora, el candidato formuló un incidente de inconstitucionalidad que previene la no resolución en todos los casos judiciales y administrativos en que se tenga que aplicar el artículo 41 de la Ley de Control Interno.

La Sala Constitucional admitió el 12 de marzo pasado la gestión de Johnny Araya, con lo cual se detiene cualquier resolución sobre la suspensión que ordenó la Contraloría. Dicha suspensión tendría que aplicarla el Concejo Municipal de San José.

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“A un alcalde no se le puede hacer eso; la Contraloría fue arbitraria”, dijo Araya. Añadió que la irregularidad “nunca existió”, y que se absolvió a todos los responsables del proyecto, excepto a él.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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