La Junta de Protección Social (JPS) pidió al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) investigar las transacciones de 45 jugadores por sospechas de presunto lavado de dinero.
Así lo confirmó el gerente general de la Junta, Milton Vargas, quien indicó que la directiva de la JPS se basó en una alerta de la Auditoría Interna, formulada desde principios de junio.
Vargas añadió que la información está en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, para que determine si se trata de dinero de origen ilegal. Las sospechas derivan de movimientos de jugadores de las loterías electrónicas anteriores junio de este año.
Doris Chen, auditora de la JPS, presentó un informe el 4 de junio ante los directivos en el cual alertó sobre “transacciones sospechosas” hasta por ¢560 millones.
El periodo de análisis de la Auditoría comprende del 25 de octubre del 2007 al 24 de mayo del 2013. Durante ese lapso la JPS tuvo a su cargo la venta y cambio de premios de esos juegos electrónicos.
Sin embargo, desde comienzos de junio, la venta y cambio pasó a manos de la empresa italiana G Tech Boldt Gaming, tras la adjudicación que le hizo la Junta de todos los juegos electrónicos.
Bernardita Marín, del ICD, explicó que la ley le prohíbe dar detalles de las operaciones de investigación que lleva a cabo la entidad. Marín confirmó que, desde inicios de esta semana, la Junta de Protección Social envió información sobre varias transacciones para que sirvan de fuente a eventuales investigaciones.
La auditora destacó en su informe, incluido en el acta 019-2013 de la Junta Directiva de la JPS, 13 casos sospechosos, todos ellos por transacciones acumuladas superiores a los ¢28 millones.
En el caso de un solo jugador sospechoso, la Auditoría reportó que esa persona hizo 24.973 apuestas durante el 2012, en las que colocó más de ¢178 millones y ganó solamente ¢126 millones.
En ese caso específico, el jugador tuvo una pérdida del 30% de lo apostado. De ser una operación con dinero ilegal, el apostador recuperó el 70% de su inversión y reporta ante las autoridades que se trata de dinero ganado en la lotería.
En junio, otro jugador colocó ¢3 millones en 100 números en un mismo punto de venta, a razón de ¢30.000 por cada uno, entre las 11:02 a. m. y las 11:41 a. m. Sin posibilidades de perder, ese apostador solo iba a recuperar ¢2,1 millones del total que apostó.
Portillo. Antes de junio, la JPS exigía identificación al jugador para venderle lotería o recibir su apuesta. Desde que G Tech Boldt Gaming vende los juegos y paga a los ganadores, ya no se exige la cédula.
Ese cambio en los controles preocupa a diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, como Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, y Walter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana. Ambos creen que no identificar a los jugadores es un portillo para el lavado de dinero.
El gerente de la JPS adujo que ya no se pide la cédula al jugador por lógica y agilidad de las ventas, pues se pasó de 30 centros autorizados a inicios de año a 1.000 tras la adjudicación al consorcio G Tech Boldt Gaming. Vargas también defendió las decisiones tomadas y aseguró que la intención de las loterías electrónicas es combatir el mercado de los tiempos ilegales.