¿Ir a juicio por un queso? Gobierno quiere evitarlo

El Gobierno quiere evitar que el Estado abra un proceso judicial y hasta llegar a un juicio, por hechos como el robo en un supermercado de un paquete de queso, que no llega a costar ¢1.000.

Cambios a la política criminal costarricense, con reformas al Código Penal, es la propuesta que impulsa el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, con la intención de aprovechar mejor los recursos judiciales del Estado, priorizar el combate al crimen organizado y evitar la “criminalización de la pobreza”.

Gamboa contó que comenzó conversaciones con autoridades judiciales y con diputados para avanzar en la modernización de las categorías penales y de los castigos en Costa Rica, un país que “es excesivamente punitivo”, según él.

Las intenciones de Gamboa aluden a hechos como el que se conoció a principios de diciembre, cuando la Fiscalía de Flagrancia de Goicoechea desistió de acusar a un hombre y su hija por intentar llevarse, sin pagar, un queso de ¢925 en el supermercado Palí de Guadalupe.

El intento de hurto ocurrió el miércoles 12 de noviembre, a media mañana. Un hombre y su hija, con una discapacidad mental, intentaron evadir el área de cajas y fueron detenidos por los empleados de seguridad del negocio. La Gerencia del supermercado no quiso dejar de acusar y se abrió una causa por “hurto agravado”, lo que la ley castiga hasta con 10 años cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía desistió de acusar a papá e hija, por criterio de oportunidad. Es decir, consideró que había desproporción entre la insignificante lesión al bien jurídico (la propiedad) y el exagerado castigo penal.

Cambiar la ley. En ese caso fue una decisión del fiscal, pero la intención de Celso Gamboa es que no quede a discreción de él, sino que la ley excluya los actos menores de la categoría de “delito”.

“La política criminal costarricense tiene que ajustarse a la realidad nacional. Todo está tipificado y esto trae hacinamiento carcelario, que es fatal, y podemos hablar en cierto grado hasta de criminalización de la pobreza”.

Agregó que también hay un trastorno en los registros.

“¿Por qué es Costa Rica uno de los países donde más se roba en América Latina? Claro, porque tenemos tipificado el robo de un racimo de bananos o cosas de esas. Esto distorsiona por completo la estadística”, declaró Gamboa.

El ministro señaló que el país debe modernizar su política criminal como ya lo han hecho otras naciones vecinas, como Nicaragua. “Ahí han hecho grandes avances en legislación procesal penal. Aquí, en cambio, hay muchos delitos dispersos y tenemos que salirnos de la costumbre de legislar con el populismo punitivo”, comentó, consciente de que la opinión pública es proclive a aplaudir medidas de mano dura.

“La solución no es castigar a todas las personas o encarcelarlas a todas. Hay que pensar cuál es el norte de la política de persecución penal. Debemos centrarnos en el crimen organizado y en la corrupción en la función pública, sin desatender por supuesto lo cotidiano. Así el Ministerio Público tendría margen de maniobra para investigaciones más rápidas y tener mejores resultados”, expresó Gamboa.

“Ya ha conversado con algunos de ellos, aunque la tarea de convencimiento no parece fácil”, agregó.

El legislador del Frente Amplio, Francisco Camacho (presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad) coincidió en la inconveniencia de “judicializar todo” y en la necesidad de priorizar el ataque al crimen organizado, pero expresó la preocupación por tener equilibrio.

“Hay un riesgo de que se vuelvan inmanejables los delitos menores. Hay quien mata, por los cuales muchas veces hay gente que mata”, manifestó el congresista del Frente Amplio.

Para Camacho, hay otros aspectos más urgentes en la ley penal, como la figura del “extinción del dominio” para que el Estado se apropie de los bienes adquiridos con dineros del crimen organizado.