A falta de pocos días para que el Gobierno cierre las oficinas por el receso de fin de año, los diputados aún no avanzan en la aprobación del Segundo Presupuesto Extraordinario del 2016.
De hecho, los intereses localistas de varios legisladores están bloqueando el avance de ese proyecto de ley, que incluye dineros para la atención de la emergencia generada por el paso del huracán Otto por el país.
Aunque el trámite legislativo permite reiterar mociones antes desechadas, el jefe interino del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, y el presidente legislativo, Antonio Álvarez Desanti, pidieron a los legisladores presentar la menor cantidad de modificaciones y hacerlo en solamente un día.
Sin embargo, tanto Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, como Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, están jalando cada uno para su lado y no quieren ceder.
Esquivel quiere obligar al Gobierno a girar ¢500 millones para la atención de los acueductos de Matina y que se incluya a ese cantón en el decreto de emergencia por el paso del huracán.
Ramos pugna por destinar a las municipalidades ¢10.000 millones para la atención de la emergencia, pero el PAC, el Frente Amplio y Liberación Nacional se niegan porque, a falta de poquísimos días para que termine el año, ese dinero sería imposible de ejecutar por vías ordinarias.
En el proyecto se incluyen, por ejemplo, ¢2.000 millones para el programa de mejoramiento de viviendas por emergencias del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que se destinarían a los damnificados por Otto.
Hasta el final. Esquivel dice que irá hasta el final con su exigencia, pero Ramos no quiere ceder ni en la moción de los ¢10.000 millones ni en otras que destinarían dinero para las calles de su cantón.
Aunque Ramos presentó ayer todas las mociones de su interés, luego retiró algunas, para administrarlas en el resto del plazo que tiene para presentarlas y, con ello, habría un efecto de bloque del avance del proyecto de ley.
Si los legisladores cumplen los plazos al pie de la letra, el Presupuesto Extraordinario sería aprobado definitivamente por ahí del 22 de diciembre.
A esto se suma el hecho de que el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal se impondría a la discusión del Presupuesto Extraordinario, tal como lo estableció la moción de vía rápida para esa iniciativa.
El presidente del Congreso anunció que, de agotar todos los plazos, la Asamblea tendría que trabajar los días 24 y 26 de diciembre, inclusive.
Irresponsabilidad. Franklin Corella y Marco Vinicio Redondo, del PAC, consideran que la actitud de los diputados que quieren llevar dinero a sus cantones es una irresponsabilidad.
“Siempre he estado en contra de las partidas específicas camufladas, donde cada diputado trata de generar presión para que se le concedan beneficios y llegar como el gran salvador a sus comunidades”, reclamó Redondo.
Añadió que hay quienes quieren alimentar su ego en sus pueblos y jugar de “superalcaldes”, sin importar el daño que le hagan al Estado. “Eso es más corrupto que si estuvieran robando”, dijo.
El objetivo del Presupuesto extraordinario es reducir ¢25.000 millones del plan de gastos 2016, tal como se había comprometido el Gobierno el año pasado y redistribuir varias partidas a municipalidades, al Instituto Meteorológico Nacional y modificaciones en varios ministerios.