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Instituciones públicas no pueden difundir espacios publicitarios a partir del 3 de octubre

Actualizado el 23 de septiembre de 2013 a las 03:19 pm

No podrán pautar en medios de comunicación sobre las obras que ejecuten

Incumplimiento es considerado beligerancia política

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Instituciones públicas no pueden difundir espacios publicitarios a partir del 3 de octubre

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A partir del próximo 3 de octubre las instituciones del Poder Ejecutivo, los entes descentralizados, las empresas del Estado y las alcaldías y concejos municipales, no podrán pautar información publicitaria relacionada a las obras que realicen.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que esta "veda publicitaria" rige desde el 3 de octubre hasta el 2 de febrero de 2014, período durante el cual queda prohibido difundir espacios pagados en los medios de comunicación.

Se exceptúan, según aclaró el TSE, "las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales".

La normativa tiene como fin garantizar que los gobiernos no publiciten su obra y evitar así, que se beneficie a alguna de las agrupaciones políticas que participen en el proceso electoral.

La legislación establece que "queda vedada en ese sentido, la difusión de mensajes que destaquen la capacidad de acción de las instituciones indicadas así como mejoras, innovaciones, virtudes o ventajas cualitativas o cuantitativas en la prestación de los servicios que procuran".

El Tribunal Supremo de Elecciones  recordó que esta "veda publicitaria" rige desde el 3 de octubre hasta el 2 de febrero de 2014.
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El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que esta "veda publicitaria" rige desde el 3 de octubre hasta el 2 de febrero de 2014. (Archivo)
Dentro de la prohibición no se incluyen las campañas de prevención ni los mensajes necesarios en relación al servicio público.

Tampoco se suspende la publicidad relacionada a la oferta y servicios educativos de las universidades estatales, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Cualquier incumplimiento a dicha disposición haría incurrir a los funcionarios responsables en beligerancia política y desobediencia.

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Patricia Recio

arecio@nacion.com

Periodista digital

Periodista en la sección digital de La Nación. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

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