Una investigación del Consejo de la Persona Joven (CPJ) cuestiona a la viceministra de Juventud, Karina Bolaños, por permitir que una asociación construyera aulas dentro del gimnasio de la Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, sin la autorización respectiva.
Según la relación de hechos finalizada el 19 de noviembre por encargo de la dirección ejecutiva del CPJ, la asociación que administra el inmueble eliminó, el año pasado, el espacio público que se utilizaba para la recreación.
La Asociación Casa de la Juventud de Pérez Zeledón construyó las aulas.
Sin embargo, narra el informe, la propiedad, con 1.894 metros cuadrados de extensión, no pertenece a esa organización, sino al estatal Consejo de la Persona Joven, por lo que se requería de la autorización de la junta directiva del CPJ para construir dentro.
Pese a ello, tanto la Asociación como la Municipalidad de Pérez Zeledón, argumentaron que la obra se realizó gracias a un aval otorgado por la viceministra de Juventud, quien también preside el CPJ.
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En su criterio, ese acto implicaba que la Asociación debía cumplir con los requisitos establecidos en la legislación, entre ellos el visto bueno del propietario del terreno.
“Apoyé dicha iniciativa con el fin de que (los integrantes de la Asociación) inicien los trámites necesarios, con fondos que ellos poseen producto de asignaciones presupuestarias y donaciones de todo tipo”, dijo la viceministra.
Además, menciona que el gimnasio se construyó con un aporte con destino específico del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La investigación recoge, además, el criterio de José Antonio Mora, funcionario del CPJ en Pérez Zeledón.
El funcionario aseguró que la construcción autorizada por la viceministra Bolaños restó espacio para efectuar actividades masivas que organizan los jóvenes de la localidad.
Un criterio diferente emitió Jeison Bartels, director ejecutivo de la asociación local.
El jerarca adujo que la Casa de la Juventud debe evolucionar y que el sitio sobre el que se construyó nunca fue un gimnasio, sino un planché, con una figura semejante a un rombo.
“Las medidas no califican para practicar un deporte reglamentariamente”, alegó, al tiempo que agregó que el salón estaba deteriorado. Ahora, indicó, el espacio es aprovechado para impartir cursos de capacitación con un bajo costo.
El informe recomendó a la directiva del CPJ decidir entre dos opciones: demoler las aulas o ratificar el permiso para dejarlas en pie. La directiva aún no decide qué hacer.
Por otra parte, el 26 de enero, envió copia del informe al ministro de Cultura, Manuel Obregón, para “lo que en derecho corresponda” en su calidad de superior de Bolaños.
Obregón no recordó ayer haber recibido la nota. Su asesoría legal dijo que esperan a que la junta informe qué acción tomará.