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Avanza plan para impedir aumentos mayores al costo de vida

Inflación sería nuevo techo contra alzas en alquiler de casas

Actualizado el 09 de marzo de 2015 a las 12:00 am

Actualmente, la legislación permite incrementos de hasta un 15% anual

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La caseta del residencial que cuida Alexander Chavarría, en barrio Los Colegios de Moravia, San José, es un muestrario de opciones para alquilar vivienda en esa zona. | JOHN DURÁN.

Los alquileres de vivienda no podrán aumentar más allá de la inflación, siempre que esta no supere el 10% anual.

La fijación de ese tope es el objetivo de un proyecto de ley que dictaminó la semana pasada la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.

Actualmente, la ley permite a los dueños de las viviendas incrementar cada año el costo del servicio hasta en un 15%.

Con la reforma, los montos de alquiler tendrían que ajustarse de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).

Se trata del expediente 18.067, presentado años atrás por el entonces diputado José María Villalta, el cual modifica el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ley 7.527.

Hoy, si una familia paga ¢350.000 al mes, la ley permite al casero aumentar ese cobro en poco más de ¢52.000, para un total de ¢402.000.

Con la iniciativa de ley, ya no sería así. Por ejemplo, en febrero pasado, la inflación anual acumulada estaba en un 3,5%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Si la reforma ya estuviera vigente, ese mismo alquiler de ¢350.000 no podría subir más de ¢12.500

“El arrendador está facultado, de pleno derecho, para reajustar el alquiler de la vivienda en un porcentaje igual o menor de la tasa de inflación acumulada”, dice el proyecto de ley.

Si la inflación fuese superior al 10%, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) definiría la tasa de ajuste anual.

En el país, más de 860.000 personas viven en casas de alquiler, casi una quinta parte de la población. Y, según el INEC, existen 265.000 viviendas en arriendo, una quinta parte del total.

En promedio, los aumentos de alquileres entre el 2007 y el 2014 oscilaron entre poco menos de un 5% y un 7%.

Con el dictamen unánime afirmativo, la iniciativa pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa, para votación en primer y segundo debate por parte de los 57 diputados.

Amarrado. Según el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Rafael Ortiz, la reforma es importante porque amarra los aumentos en alquileres a la inflación y evita abusos de caseros.

“Aunque en la práctica no se haya dado (según los promedios de aumentos del IPC), no descartamos la posibilidad de que a mucha gente le hayan aumentado el total permitido por la ley”, dijo el legislador socialcristiano.

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Ortiz agregó que tal vez, en el caso de viviendas de alquiler de un costo más popular, no haya habido aumentos tan abusivos, pero que en cuanto a las casas para la clase media, es posible que sí.

“Lo importante es que ahora el aumento sí queda pegado a la inflación”, manifestó Ortiz.

El frenteamplista Edgardo Araya explicó que el espíritu de la iniciativa es proteger al arrendatario de la relación asimétrica que vive frente al propietario.

“La parte débil de esa relación está en el que alquila. No está demás que se pueda hacer esa modificación en beneficio del que renta el inmueble”, explicó.

Araya adujo que en su experiencia como notario se ha encontrado con muchos casos en los que los propietarios buscan, precisamente, aumentar la tarifa de la renta en el monto máximo que ha permitido la ley hasta ahora.

Valor real. El liberacionista Antonio Álvarez Desanti aseguró que el proyecto de ley busca un equilibrio entre mantener el ingreso y pagar por el valor real y objetivo, en beneficio del inquilino.

“Hay aumentos que están por encima del 10%, muy por encima de la inflación ya por contrato. Son los datos que tenemos, que los aumentos están por encima del 10%”, dijo Álvarez.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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