Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso dictaminaron positivamente, este lunes, el proyecto que pretende revivir el impuesto a las personas jurídicas, el cual generaría ¢40.000 millones al año para la lucha contra la delincuencia.
De los nueve legisladores presentes a la hora de la votación, siete se manifestaron a favor del plan y solo dos en contra. Los votos negativos fueron de la socialcristiana Rosibel Ramos, presidenta de Hacendarios, y del libertario Otto Guevara.
La iniciativa pasará ahora al plenario legislativo, donde deberá superar dos debates para convertirse en ley.
Según cálculos preliminares, el impuesto a las sociedades recaudaría ¢47.146 millones, que se repartirían entre el Ministerio de Seguridad Pública (¢39.885 millones), el Ministerio de justicia (¢2.215 millones), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, ¢2.215 millones) y la Caja Única del Estado (¢2.831).
El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, dijo que su partido intentó exonerar a las pequeñas y medianas empresas del pago de ese tributo sobre las sociedades, pero indicó que la negociación no se logró.
Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que con este proyecto se restablecerá un cobro que la Sala Constitucional había declarado nulo por errores de forma en la tramitación de la ley original.
Según el texto, las sociedades inactivas (aquellas que no declaren ni contribuyan al fisco) pagarán un monto equivalente al 15% de un salario base mensual, o sea ¢63.630.
Entre tanto, aquellas sociedades contribuyentes que hayan declarado ingresos brutos en el periodo fiscal inmediato anterior menores a 120 salarios base, pagarán el 25% de un salario base mensual (¢106.050); las que reporten entre 120 salarios base y 280 salarios base tributarán un 30% (¢127.260); y los que tengan un ingreso bruto superior a los 280 salarios base, pagarán un 50% (¢212.100).