La creación de un impuesto en el proyecto de ley para reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo (de préstamos para micro y pequeños empresarios) frena el avance de esa iniciativa en el Congreso.
En el plan, los diputados establecen un tributo del 15% sobre las ganancias de los bancos “de maletín” ( off-shore ), o sea, entidades extranjeras que prestan en Costa Rica o bancos nacionales que salen a dar crédito fuera del país.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda a la comisión legislativa que tramitó el proyecto, ese impuesto generaría ingresos por ¢15.000 millones anuales al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
Eso sí, Édgar Ayales, ministro de Hacienda, pidió que, si hay ingresos mayores que lo previsto, el excedente corresponda al Estado.
El proyecto de ley se encuentra en el plenario, en el trámite de mociones de fondo, y en fila para votarse en primer debate.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) está de acuerdo en fijar el nuevo impuesto, mientras la diputada independiente Patricia Pérez y el socialcristiano Wálter Céspedes se oponen.
La legisladora dijo que su posición no pretende favorecer a nadie, sino que se opone a la creación de impuestos, en general.
Céspedes cree que es innecesario generar un tributo para aumentar los ingresos del Finade pues se trata más bien de hacer operativo el uso de los ¢105.000 millones que ya posee el fondo.
Oposición. Ante la iniciativa de ley, dos entidades bancarias piden a los diputados cambiar el texto para que el impuesto los afecte menos que a los extranjeros.
La diputada Pérez contó que las entidades detrás de estos cambios son el Banco Internacional Costarricense Sociedad Anónima (Bicsa, propiedad del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional) y las entidades off-shore de Corporación BCT.
De hecho, las fracciones políticas discuten una moción del socialcristiano Céspedes para aplicar un tributo diferente a esos bancos, ambos con casa matriz en el país, pero con operadoras en el exterior.
El cambio permitiría a los conglomerados financieros nacionales que trabajan en créditos off-shore pagar, en el primer año de vigencia del impuesto, solo una tasa del 5,5%, un 9% el segundo año y un 13% en el tercero, hasta igualar la tasa general del 15% el cuarto año.
“No es conveniente, cuando tenemos $350 millones de peaje (monto que aportan bancos del Estado al Finade) que vayamos a ponerle un impuesto a la banca de maletín para recuperar apenas una pequeña suma”, dijo Céspedes.
El diputado del PAC Gustavo Arias aseguró que él está a favor de que se cobre el impuesto, pero es consciente de que hay una negociación entre partidos para modificar la iniciativa de ley.
Céspedes señaló como impulsor del impuesto al segundo vicepresidente, Luis Liberman. Sin embargo, Liberman explicó que ese gravamen fue una idea del PAC salida del extinto plan fiscal que impulsó junto con el Gobierno durante el 2011 y el 2012.
“Yo sí intervine cuando supe que querían dar privilegios a algunas entidades y eso no es aceptable. Se les quería dar beneficios a bancos off-shore que tienen casa en Costa Rica”, dio el vicepresidente.
Liberman apuntó que el Ejecutivo apoya la iniciativa porque, si bien hace más caros los créditos de bancos internacionales en el país, también favorecerá la banca local, que se veía afectada por la informalidad de la “banca de maletín”.
Recta final. El proyecto de ley para reformar el Sistema de Banca de Desarrollo está en su recta final en el plenario, antes de la votación en primer debate.
Según Liberman, hay amplio acuerdo sobre las modificaciones para utilizar mejor los recursos del Finade y dar créditos a microempresarios y pequeños empresarios.
No obstante, el vicepresidente reconoció que un acuerdo inicial, tomado ayer, aún no se ha reflejado en los cambios al texto del proyecto de ley, para darle votación a la iniciativa en el plenario.