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Sustituir personal becado cuesta ¢675 millones

El horario de una maestría en la UNA complica el debate sobre recortes de dinero en la Corte

Actualizado el 21 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Magistrados evalúan opción de ahorro si la UNA diera las clases de noche

Institución financia estudios de un año a 18 funcionarios y les mantiene el salario

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El horario de una maestría en la UNA complica el debate sobre recortes de dinero en la Corte

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Los magistrados de la Sala III, José Manuel Arroyo y Carlos Chinchilla, son actores en el debate sobre el dinero que se invierte para cubrir becas en la UNA. El primero defiende el gasto; el segundo, lo cuestiona. | ARCHIVO

El horario de una maestría de la Universidad Nacional (UNA) se convirtió en tema de debate en el seno de la Corte Suprema de Justicia, por razones económicas.

Para el 2015, el Poder Judicial planea gastar ¢675 millones en contratar personal para sustituir a los 18 funcionarios que enviará a cursar el posgrado en Administración de Justicia de la UNA.

La Corte incurre en ese desembolso porque la maestría solo imparte clases de día. Aparte, financia los estudios y le da a los becados un permiso con goce de salario durante un año.

No obstante, ahora algunos magistrados cuestionan el hecho de que las clases se den solo en horas del día y discuten si el gasto debe excluirse del Presupuesto Nacional, como parte de las medidas de austeridad que el Congreso les exige.

El presidente de la Sala III, Carlos Chinchilla, argumentó que la maestría impartida a jueces, fiscales y defensores públicos, debe “renovarse a los tiempos actuales” y adaptarse para que no choque con los horarios de los funcionarios.

“La Universidad de Costa Rica (UCR) y las universidades privadas ofrecen posgrados en la noche. ¿Por qué la UNA no puede hacerlo también. El Estado no tiene que estar pagando esos gastos innecesarios que se ahorran solo cambiando los horarios. No cuestiono el programa porque está comprobado que es excelente”, dijo Chinchilla el martes, en sesión de Corte Plena.

En un principio, por mayoría de 17 contra tres, se acordó sacar el gasto del presupuesto, pero a última hora se presentó una revisión que dividió a los magistrados y obligó a que el tema se vuelva a discutir el próximo lunes.

El también magistrado de la Sala III, José Manuel Arroyo, defendió el horario de la maestría y aseguró que es imposible cambiarlo.

Arroyo, quien además es coordinador de la parte penal de este posgrado de la UNA, alegó que los estudiantes requieren estar a tiempo completo debido “al alto nivel” del programa, que exige a los alumnos asistir a clases y realizar trabajos de investigación.

“Si se ve solo la suma, claro que es mucho dinero, pero es la única oportunidad que tienen los profesionales de prepararse un poquito. Sacrificar esos recursos sería afectar a quienes trabajan fuera de la GAM y a las mujeres, que no podrían asistir a clases en las noches por sus obligaciones, que son dobles a las de un hombre”, aseveró.

Carlos Chinchilla, en tanto, argumentó que los funcionarios becados por el Poder Judicial representan el 70% de los estudiantes de la maestría de la UNA, por lo que la Universidad debería tomar en cuenta las necesidades de la Corte. Los demás alumnos son extranjeros, sobre todo de Centroamérica.

Según el magistrado, el Poder Judicial tiene un convenio con la UNA desde 1995 y por sus aulas han pasado 397 funcionarios.

Añadió que el 51% de los estudiantes son mujeres y el 47% provienen de las zonas rurales.

Una inversión. El coordinador general de la maestría, José Carlos Chinchilla, se unió al clamor de Arroyo. En su criterio, la partida debe verse como una inversión y no como un gasto.

“Sería un error confundir inversión con gasto. Esta es la mejor forma de mejorar la administración de justicia, mediante una formación integral, que ayuda a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la seguridad jurídica del país”, manifestó el sociólogo.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, solicitó a la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, recortar al menos ¢20.000 millones del presupuesto de ¢400.000 millones del Poder Judicial a causa de la situación fiscal del país.

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