Un grupo de 30 militantes del Partido Acción Ciudadana (PAC) criticó el pacto político que la cúpula de la agrupación de Gobierno firmó con el Frente Amplio y con la alianza sindical Patria Justa.
En criterio de estos simpatizantes, el acuerdo no recoge los ideales del PAC. Entre los firmantes están la diputada Epsy Campbell y los exdiputados Manrique Oviedo, Sadie Bravo y José Rosales.
“Contrariamente, nos alejan de una perspectiva de centro hacia una única visión de un pequeño sector del gremio sindical; obstruyendo así las rutas para llegar a acuerdos con otros gremios como los productores rurales, el empresarial e inclusive con otros actores sindicales”, dice el manifiesto que entregaron este jueves a la cúpula del Partido.
En el acuerdo con el Frente Amplio y Patria Justa, firmado el viernes 26 de junio por la presidenta del PAC, Margarita Bolaños, el partido de Gobierno se comprometió a impulsar ocho proyectos de ley y a rechazar cuatro.
En cuanto a lo que combatirán, los tres firmantes le declararon la guerra cualquier reforma que equipare los salarios de los empleados públicos, si esa medida conlleva una rebaja en las remuneraciones. A la vez, se oponen a aumentar la participación de la empresa privada en la producción de electricidad.
Entre los que apoyan, está la iniciativa contra el fraude fiscal que permitiría al Gobierno ejecutar embargos de bienes y cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, así como el plan para reducir las exenciones fiscales y reformas tributarias progresivas, en las que los porcentajes de los impuestos dependen de los ingresos de las personas.
El grupo exige que este tipo de acuerdos no se repitan y que se sienten responsabilidades para los protagonistas. Añade que la ciudadanía tendrá razón en cobrarle apoyo al partido, si este no actúa en consecuencia con sus principios.
A la vez, estos 30 militantes exigieron acciones drásticas contra los miembros de la Juventud Progresista del PAC que aparecen en un memorando de estrategia, en el que proponen aprovechar los “recursos políticos” del Gobierno en beneficio del partido y de su tendencia.
Seis de esos jóvenes fueron destituidos esta semana de sus cargos en el Gobierno por decisión del presidente Luis Guillermo Solís, quien no quiso dejar espacio a dudas sobre el uso de los recursos públicos en su administración.