El Poder Ejecutivo decidió recortar aún más su propuesta de reforma al empleo público, luego de que esta semana se diera a conocer un borrador en el que se planteaba el aumento salarial para el presidente de la República, diputados y ministros, así como un recorte a los ingresos de los magistrados.
La iniciativa planteaba una reforma desde tres ejes: un salario único para presidente, vicepresidentes, diputados, directores y oficiales mayores; una reforma a los temas de d edicación exclusiva y prohibición y; un tope a los salarios del sector público.
Sin embargo, la reacción del mandatario Luis Guillermo Solís fue negar el apoyo a un eventual incremento del salario presidencial, y anunció que la iniciativa no tendría respaldo desde Zapote.
"Ese proyecto de ley, que entiendo es un borrador, no fue autorizado por mí, ni cuenta con mi apoyo. No cuenta tampoco con el apoyo del Gobierno, ni es algo que yo pueda, en buena consciencia, presentar ante la Asamblea Legislativa como un debate necesario sobre empleo público", dijo Solís en un video publicado en su perfil de Facebook el pasado 6 de junio.
El plan proponía un alza del sueldo del presidente de la República, de los actuales ¢5 millones a ¢7,7 millones, o sea, un aumento de ¢2,7 millones. Los vicepresidentes, los presidentes de los supremos poderes (Legislativo y Judicial) y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ganarían ¢6,7 millones. Los ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y diputados quedarían con ¢4,9 millones.
Ya no.
Pese a que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, insistió en que se trataba de un borrador de trabajo, que alguno de los diputados consultados decidió facilitar a la prensa, Solís dejó más que claro que el plan no va.
La molestia del mandatario, el mal clima político luego de que se diera a conocer la propuesta de subir salarios en el Ejecutivo y el Congreso, y la ruptura de canales de diálogo en el Congreso, pesaron para que la decisión de Casa Presidencial sea generar una nueva reforma, pero que deje por fuera el tema de los salarios únicos.
Con la decisión, el Ejecutivo echa atrás a parte de lo propuesto a los jefes de fracción del Congreso el pasado 1.° de junio, cuando tanto el viceministro Mora, como el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, les anunciaron que presentarían un borrador que aglutinara las tres propuestas sobre empleo público que discuten los legisladores.
"Después de las conversaciones con el presidente de la República sobre los lineamientos que se deben seguir en esto, yo plantearía que el consenso sobre este tema no existe y, como estamos haciendo un documento con temas de consenso, lo que correspondería es sacarlo", dijo Mora.
El viceministro insistió en que pondrán énfasis en los temas donde tienen algún grado de consenso con las bancadas de oposición, en vista del poco tiempo que le queda a la presente administración.
Los dos puntos que quedan
La decisión del Gobierno dejaría viva la idea de poner tope a los salarios del sector público para que no superen los ¢5,3 o ¢5,5 millones mensuales.
Sobre este tema hay dos proyectos en el Congreso: uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y otro del Frente Amplio (FA).
La iniciativa socialcristiana agrega que estos salarios solo podrían crecer de acuerdo con la inflación. El proyecto del FA propone que los salarios de los altos mandos de entidades en competencia, sean establecidos de acuerdo a un estudio de mercado.
El otro eje que queda es la reforma a la dedicación exclusiva y la prohibición. En este sentido, el Gobierno se apoyaría en una iniciativa del Partido Liberación Nacional que añade un pago adicional por dedicación exclusiva que no existe actualmente: un 30% para los profesores universitarios. Por otro lado, mantiene los porcentajes actuales de un 55% para licenciados y un 20% para bachilleres.
En lo que toca a la prohibición, la idea de la que se arranca es que se elimine el pago de ese plus a los empleados públicos no profesionales, pero mantendría los porcentajes actuales del 65% para licenciados y 30% para bachilleres.
Por fuera se quedará, además del ordenamiento del salario de presidente, ministros, diputados y magistrados, dos temas que eran medulares para un recorte real en el gasto del Estado. El primero es el límite a las anualidades, que no se discutirá por iniciativa del Poder Ejecutivo y el otro es el que tiene que ver con la reforma a la cesantía, convenciones colectivas y la disponibilidad.
Además, quedan por fuera nuevas regulaciones sobre otros pluses como disponibilidad, zonaje ycarrera profesional.