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El oficialista Ottón Solís saludó ayer a la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora. Los observa el jefe de esta bancada, Gerardo Vargas. Este partido es el más interesado en revertir el veto impuesto por Laura Chinchilla al proyecto que reforma el Código Procesal Laboral. | EYLEEN VARGAS (Credit Eyleen Vargas)
El Gobierno parece haber descartado, en estas dos semanas, el levantamiento del veto impuesto por Laura Chinchilla al proyecto que reforma el Código Procesal Laboral.
Su objetivo, entonces, es ampliar el plazo para evitar que caiga en el archivo este expediente, de alta importancia para su aliado el Frente Amplio.
El deseo urgente es conseguir los 38 votos necesarios para aprobar una moción que mantenga vigente el polémico proyecto aprobado por los anteriores diputados y frenado, en última instancia, por el veto de la presidenta Chinchilla.
El plan de lograr la mayoría calificada lo informó ayer el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, dos horas después de sostener una nueva reunión con el exdiputado, excandidato y líder del Frente Amplio, José María Villalta, 42 horas después de la cita del domingo por la noche.
Solo con esa cantidad de votos, se mantendrá vigente el proyecto y, así, el presidente, Luis Guillermo Solís, puede después revertir el veto de Chinchilla, como se lo prometió al Frente Amplio cuando negoció los votos para lograr que el Partido Acción Ciudadana (PAC) obtuviera la presidencia de la Asamblea Legislativa.
Plazo. Para aprobar la moción, será necesario el voto de, al menos, una parte de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), algo que sería factible, según su jefe, Juan Luis Jiménez Succar.
El asunto lo vieron ayer por la tarde en una reunión de jefes de fracción, donde analizaron los plazos. La fecha límite es el 13 de diciembre, pero cae sábado.
La última sesión, antes de ese día, es el jueves 11, con lo cual quedan seis jornadas legislativas para lograr la votación, lo que se suma a la dificultad para conseguir la mayoría calificada en el agitado paisaje político.
“El panorama es difícil, como siempre”, dijo Melvin Jiménez, quien cree que ampliando el plazo llegarían a acuerdos entre lo que pide el Frente Amplio y las modificaciones que plantean fuerzas como el PLN o la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Contra el reloj. Lo que parece improbable es que Solís cumpla en estas dos semanas la promesa hecha al Frente Amplio de levantar el veto, pues, incluso él, sale del país el sábado para participar en la cumbre en Veracruz, México.
Villalta, sin embargo, no se da por vencido e insistió en que está abierta la posibilidad de hacerlo en estos días y de prorrogar el plazo de vigencia del proyecto.
“Lo que esperamos es que de ninguna manera vaya a ser archivado un proyecto de tanta trascendencia para el país”, contestó a este periódico.
El plan habilita la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales, pero también agiliza los juicios laborales, pues acorta los plazos y los hace más accesibles para trabajadores que no pueden pagar abogados.
Además, fija medidas cautelares ante posibles abusos laborales, como “embargos preventivos”, dijo Villalta, quien sostiene que el proyecto es el mayor avance laboral desde la creación del Código de Trabajo, hace 71 años.
Jiménez Succar afirmó que su partido está de acuerdo con modernizar el sistema de justicia laboral, pero no en el derecho a huelga en servicios esenciales.
Esta discusión abarca aspectos ideológicos y de procedimiento legislativo, así como también implicaciones políticas, pues el Frente Amplio es aliado del Gobierno y sus votos son indispensables para proyectos de interés del Ejecutivo.
