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Plan se tramita en Asamblea Legislativa como prioridad del Ejecutivo

Gobierno pretende desaparecer directivas para quitarse trabas

Actualizado el 09 de agosto de 2013 a las 12:00 am

ICE, AyA, INVU, INA, IMAS y Conavi quedarían en manos de jerarcas únicos

Presidencia alega que control excesivo retrasa el trabajo de las instituciones

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La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad toma decisiones como la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís. | ABELARDO FONSECA.

El Gobierno pretende eliminar las juntas directivas de varias instituciones públicas para quitarse trabas que ahogan proyectos y decisiones de la Administración.

La idea se incluyó en el proyecto de ley número 18.732 que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso y es parte de las prioridades de la Presidencia en las actuales sesiones extraordinarias.

Esa iniciativa fue una propuesta de la Comisión de Notables nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para mejorar la gobernabilidad en el país. El grupo rindió su informe en enero de este año.

La jefa de fracción a.í. de Liberación Nacional, Siany Villalobos, aseguró que las juntas directivas, en algunos casos, se convierten en obstáculos para tomar decisiones fundamentales en la Administración Pública, y que, además, resultan muy costosas.

Entre las afectadas estarían el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La propuesta busca que un jerarca único, denominado presidente ejecutivo, asuma las funciones que tienen las juntas directivas.

Controles excesivos. En la exposición de motivos del plan, el Gobierno aduce que los controles excesivos y el abuso de los recursos legales retrasan el trabajo de las entidades autónomas y los órganos descentralizados del sector público.

La iniciativa plantea mantener las juntas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Instituto Nacional de Seguros (INS), de los bancos del Estado, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y de las universidades estatales (consejos).

El Ejecutivo también alega la necesidad de hacer cambios en la Administración Pública para elevar su calidad y buen funcionamiento, además de racionalizar los controles actuales.

En cuanto al jerarca único de las instituciones autónomas, el proyecto define que tal figura ejercería todas las funciones que hoy tiene la Junta Directiva.

A cambio de ese órgano, se propone la creación de consejos consultivos con representación de sectores de interés general o corporativo relacionados con la entidad.

La participación en esos consejos sería honoraria, a diferencia de la actualidad, en que cada miembro de la Junta Directiva recibe una dieta por su participación en las sesiones del órgano colegiado.

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Además, las juntas directivas supervivientes no tendrían ya siete miembros, sino cinco.

La actual integración de las juntas directivas deriva de la Ley N.° 4.646, del 20 de octubre de 1970 (conocida popularmente como 4-3), cuando líderes de Liberación Nacional y el extinto Unificación Nacional acordaron repartirse los siete puestos en una relación de cuatro para el partido de gobierno y tres para la oposición.

Ya en el pasado se han planteado iniciativas en el Congreso para eliminar o modificar la integración de las directivas, pero sin éxito.

Hora de los cambios. Carmen Muñoz, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana, no ve del todo mal el proyecto.

“Sí hay que eliminar los criterios políticos de nombramiento de sus integrantes”, dijo Muñoz.

En línea similar camina José María Villalta, del Frente Amplio, mientras que la libertaria Patricia Pérez cree que las directivas son necesarias porque les dan un norte a las instituciones públicas.

A Pérez le parece que el problema real por solucionar tiene que ver con la duplicación de funciones entre los presidentes ejecutivos y los gerentes de las entidades.

Rita Chaves, diputada independiente, aceptó que no ha estudiado el proyecto de ley y añadió que no se pueden satanizar todas las directivas. Rodolfo Sotomayor, de la Unidad, comentó que su partido analizará si la iniciativa puede agilizar la administración del sector público.

Tanto Shirley Saborío, directora de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), como Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), tienen en agenda estudiar el proyecto del Gobierno.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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