San José
Pese al deseo de contar con más recursos para invertir en la contratación de policías, el Gobierno se declaró preocupado por la decisión de siete diputados de oposición de recortar ¢48.000 millones al presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el 2017, con el fin de repartir esos recursos entre varias instituciones del área de la seguridad.
Los recursos se distribuirían entre el Ministerio de Seguridad Pública (¢25.000 millones), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (¢5.000 millones), el Ministerio Público (¢5.000 millones) y el Ministerio de Justicia ¢5.000 millones).
Los ¢8.000 millones restantes, más un recorte de ¢2.300 millones del Tribunal Supremo de Elecciones serán eliminados del plan de gastos ordinario para el año entrante, que deberá aprobar el plenario del Congreso a más tardar el 30 de noviembre y que asciende a ¢8,1 billones.
Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, dijo que Casa Presidencial respeta la potestad de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de modificar el presupuesto que les entregó el Ministerio de Hacienda el 1.° de setiembre pasado.
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Pero, el jerarca advirtió de que la preocupación del Ejecutivo radica en que el aumento de ¢47.800 millones en el presupuesto del PANI para el año entrante se fundamenta en dos resoluciones judiciales que el Gobierno debe respetar: una de la Sala I que establece la necesidad de trasladarle el 7% del impuesto de ventas y otro de la Sala Constitucional donde se indicó que la reserva presupuestaria se debe mantener solo cuando se genera en la Constitución Política y cuando se refiere al gasto social, como es el caso del PANI.
Normalmente esa entidad goza de un presupuesto anual de ¢43.000 millones, por lo que su partida se incrementó en más de un 50%.
"De la conjunción de ambas sentencias sí nos viene algo de preocupación, que externamos (ante los diputados), pues el deseo del Estado de derecho es de respetar las resoluciones judiciales reconociendo que, al final, son los diputados quienes van a a tener la responsabilidad de votar las mociones que se emitan", alertó Mora.
Los diputados consideran que en el PANI hay serios problemas de subejecución presupuestaria por lo que el recorte para el 2017 no perjudicará las finanzas de esa entidad.
El Poder Ejecutivo aboga por la aprobación del impuesto sobre las sociedades anónimas, que provocaría una recaudación anual de más o menos ¢35.000 millones que se destinarán para financiar a las fuerzas de policía.
El llamado tomó fuerza en medio de una crisis de inseguridad en Limón provocada por los enfrentamientos a balazos entre bandas de narcotraficantes.
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Incluso el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, advirtió de que renunciaría al cargo si la Asamblea Legislativa no votaba afirmativamente al cabo de un mes el proyecto para reactivar el impuesto que la Sala IV declaró inconstitucional en el 2015. Después, el jerarca matizó su advertencia.
El recorte al presupuesto del PANI se votaría a más tardar el 20 de octubre en la Comisión de Asuntos Hacendarios, integrada por 11 legisladores. El oficialista Acción Ciudadana (PAC) y su aliado, el Frente Amplio (FA) carecen de los votos suficientes para impedir el rebajo que impulsa la oposición, pues solo cuentan con cuatro miembros y la alianza tiene siete.