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El Ejecutivo presentó una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa

Gobierno impulsa fijar tope a pensiones del Poder Judicial

Actualizado el 28 de julio de 2014 a las 12:00 am

Proyecto establece tope a monto de pago por jubilación y edad mínima en 55 años

Supén se opone a la iniciativa pues dice que no logra hacer sostenible el régimen

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El sistema de pensiones del Poder Judicial se nutre de 12.055 empleados activos y sostiene a 3.226 jubilados. Estudios actuariales de la Supén y entes internacionales fijan el déficit en ¢ 4 billones. | JORGE CASTILLO

El primer proyecto de reforma legal que el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa plantea fijarles un tope a los montos de pensión que recibirán los empleados del Poder Judicial.

Ese tope, según se establece en el artículo 1.° del proyecto, sería del 75 % del monto más alto del salario de un funcionario judicial.

Además, la iniciativa establece los 55 años como la edad mínima para poder acogerse a la jubilación si se es empleado judicial.

El plan de ley fue una petición de la Corte Plena al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la visita del mandatario a los magistrados, a inicios de julio.

El proyecto reforma el cálculo del monto de la pensión al promediar los últimos 120 salarios del funcionario, pone como requisito los 30 años de servicio, y un mínimo de 10 años en el Poder Judicial, en caso de acogerse a la jubilación de forma extraordinaria.

La iniciativa también permitiría que el Fondo de Pensiones haga préstamos al Poder Judicial.

El proyecto de ley se estudia bajo el expediente 19.193 en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, desde que inició el trámite legislativo, el pasado 2 de julio.

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"Ellos mismos han dicho que el régimen colapsará en el 2026. Lo que el transitorio dice es que se mantienen los beneficios actuales hasta que el régimen colapse." Edgar  Robles, Supén

El plan fue hecho por las autoridades administradoras del Fondo de Pensiones del Poder Judicial y fue avalado por los magistrados, pero lleva la firma del presidente Solís y de la ministra de Justicia, Cristina Ramírez.

Negociación. En paralelo al empujón que le dio el Ejecutivo, los magistrados efectúan reuniones con los jefes de las fracciones legislativas para sondear el ambiente en el Congreso y promover el plan.

Así lo confirmó el jefe de los libertarios, Otto Guevara, quien informó de que, en la semana pasada, se reunieron los cuatro legisladores libertarios con la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva.

“Ellos justifican el proyecto en que garantiza la buena salud del sistema de pensiones del Poder Judicial hasta más o menos el 2050”, dijo Otto Guevara.

Sin embargo, el libertario aseguró que le preocupa la posición de la Superintendencia de Pensiones (Supén), entidad que pone en duda la sostenibilidad financiera del régimen jubilatorio judicial.

El jefe liberacionista, Juan Luis Jiménez, dijo que los magistrados ya solicitaron una cita con el Partido Liberación Nacional (PLN).

“Nuestra tesis en pensiones es clara: tenemos que hacer algo por el país. No puede ser que se den las pensiones tan elevadas que hay”, dijo el verdiblanco.

A su vez, el frenteamplista Gerardo Vargas dijo que aún no se discute la iniciativa en su fracción, y añadió que están de acuerdo en regular las “pensiones de lujo”.

En contra. El jerarca de la Supén, Edgar Robles, dijo que el proyecto planteado por la Corte tiene un problema que impide lograr la sostenibilidad del régimen.

Ese problema, dice Robles, está en el único transitorio del proyecto de ley, que deja por fuera de las reformas a las personas que tienen 20 años o más dentro del régimen.

Eso significa que buena parte de los empleados judiciales podrían seguir jubilándose en las condiciones actuales, y pondrían en problemas la sostenibilidad del sistema.

“De aquí al 2025 no va a pasar nada. Ellos mismos han dicho que el régimen colapsará en el año 2026. Lo que el transitorio dice, prácticamente, es que se mantienen los beneficios hasta que colapse el régimen”, dijo el director de la Supén.

Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, indicó que enviaron el proyecto a la discusión del Congreso para que se debata si es viable o se debe modificar.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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