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Aprueban impulsar medidas para proteger datos del registro de accionistas

Gobierno y PUSC logran acuerdo sobre plan contra fraude fiscal

Actualizado el 24 de mayo de 2016 a las 05:58 pm

Proponen crear figura de juez de garantía para blindar información de miembros de sociedades

También promueven sanciones contra funcionarios públicos que hagan mal uso del registro

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Gobierno y PUSC logran acuerdo sobre plan contra fraude fiscal

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La diputada socialcristiana Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, hizo públicos los extremos del acuerdo. (Graciela Solís.)

Los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Gobierno firmaron un acuerdo esta tarde para aprobar el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El acuerdo surgió luego de múltiples reuniones entre la bancada rojiazul con autoridades del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Tras un estira y encoge de varios meses, ambas partes acordaron que el plan incluirá la creación de un registro de los accionistas y los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, al cual solo tendrían acceso la Dirección de Tributación y el ICD.

Para garantizar a los accionistas que nadie robe, manipule o filtre su información, las partes acordaron impulsar cambios al proyecto para crear la figura de un juez de garantías.

Con los cambios, Tributación tendría acceso irrestricto a la base de datos del registro bajo la condición de que se les notifique a los accionistas que el Gobierno está haciendo consultando su información. No ocurriría lo mismo en el caso de que se trate de una investigación del ICD.

En cuanto a la figura del juez de garantías, los accionistas podrían recurrir a ellos para tutelar su privacidad sobre los datos, si consideran que la información se filtró o fue consultada sin previo aviso. El juez tendría la potestad de dictar sanciones.

De esta forma, se pretende que los miembros de sociedades investigadas no vean lesionados sus derechos ante el secuestro y acceso de información de parte de la Administración Tributaria.

Además, el acuerdo implica la presentación de mociones para fortalecer la figura del Banco Central de Costa Rica como administrador de ese registro de accionistas y beneficiarios finales.

La creación del registro era la principal traba que impedía el avance de uno de los ocho proyectos fiscales impulsados por el Gobierno, entre los que también figura la creación de impuestos.

La socialcristiana Rosibel Ramos, quien preside la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, explicó que también se establecerán sanciones para los funcionarios de Hacienda, Banco Central e ICD que hagan un mal uso de los datos a los que tengan acceso.

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"En las últimas dos semanas, pudimos llegar a un acercamiento con el Gobierno. Nos reunimos con funcionarios de Tributación Directa, del Ministerio de la Presidencia y de Hacienda, además de asesores de la comisión que nos apoyan en las encerronas", declaró Ramos.

En cuanto al resto del proyecto de ley, este pretende autorizar a la Tributación para embargar bienes y cuentas de contribuyentes morosos, con la orden de un juez.

"En las últimas dos semanas, pudimos llegar a un acercamiento con el Gobierno. Nos reunimos con funcionarios de Tributación Directa, del Ministerio de la Presidencia y de Hacienda, además de asesores de la comisión que nos apoyan en las encerronas"Rosibel RamosDiputada del PUSC 

Estos acuerdos serán estudiados ahora por diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional (PLN), con el propósito de determinar la viabilidad de la propuesta.

De prosperar el acuerdo, se aceleraría la aprobación de la ley contra el fraude, tanto en su trámite de Hacendarios como en sus debates finales en el plenario legislativo.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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