La reunión en la que el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, le ofreció un puesto de embajadora a la procuradora general, Ana Lorena Brenes, tiene en vilo la alianza entre el Gobierno y el Frente Amplio.
La fracción del FA dejó en suspenso su relación con el Poder Ejecutivo, a la espera de que el presidente, Luis Guillermo Solís, aclare si fue él quien autorizó a Soley, o bien, si este actuó por cuenta propia.
“Lo que hicieron fue muy delicado, tienen que explicarlo y, si no lo explican, nosotros vamos a tener que tomar decisiones sobre nuestra relación con la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el presidente; pero no puedo adelantarme sobre qué vamos a hacer, porque hay que dar tiempo para ver que decide”, dijo el jefe de bancada, Gerardo Vargas Varela.
Ayer, el legislador agregó que le darán tiempo hasta el lunes para que despeje las “tinieblas” pues, de lo contrario, analizarán la conveniencia de darle o no continuidad a la alianza.
Ese acuerdo lo alcanzó la fracción tras una encerrona de ocho horas en el despacho de la diputada Ligia Fallas.
A la cita también fue convocado el excandidato presidencial del partido, José María Villalta, quien coincidió en que el mandatario debe dar explicaciones y sentar responsabilidades.
Según su criterio, este caso no debe pasarse por alto, porque se intentó violentar la independencia de la Procuraduría General.
“La política de silencios no va a rendir efectos. No les va a funcionar eso de que no voy a hablar más del tema, tienen que dar más explicaciones... Nuestra alianza no es un cheque en blanco, no vamos a tapar actos de corrupción ni a permitir que se reproduzcan las prácticas clientelistas poco transparentes de los partidos tradicionales”, dijo Villalta.
El presidente Solís se negó el jueves a dar más explicaciones y afirmó que ya habló suficiente sobre el tema.
El ofrecimiento a Brenes, dado a conocer por La Nación el martes pasado , se concretó en momentos en que el Ejecutivo busca acercarse a la Procuraduría.
En los ocho meses que lleva esta administración, el abogado del Estado emitió dos criterios contrarios a decisiones de Solís.
Primero, se opuso a la designación del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, por ser obispo luterano, y después cuestionó la constitucionalidad del levantamiento del veto para activar una ley que entrega la calle 13 bis, en San José, a artesanos.
Encerrona. El encuentro de ayer le sirvió al FA para hacer una valoración de su alianza con el Gobierno. Gerardo Vargas la calificó de “regular” y reconoció que hay cosas que mejorar.
Para Vargas, el Poder Ejecutivo carece de una agenda clara en la Asamblea Legislativa, tiene problemas de comunicación y un acceso limitado a instituciones públicas y ministerios.
“Sentimos que al Gobierno le hace falta priorizar proyectos en la agenda legislativa, a veces tenemos 100 iniciativas y no sabemos cuál priorizar; eso hace muy difícil el trabajo, es mejor que nos digan tres proyectos y las razones”, agregó el legislador frenteamplista.
Al encuentro solo se ausentó el legislador Carlos Hernández. La fracción invitó, además, al secretario general, Rodolfo Ulloa.
Ayer, el FA no logró definir sus prioridades para este año, por lo que acordaron volver a reunirse el próximo viernes.