La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) congeló el plan para impartir lecciones sobre la “economía social solidaria” en sus aulas, lo que implica enseñar conceptos como los del cooperativismo y el sindicalismo.
El directivo Jorge Muñoz, quien representa al sector empresarial, alegó que antes de adoptarlo, se tiene que discutir el impacto que tendría este proyecto, impulsado por el Gobierno, en la formación técnica ofrecida por el INA.
“Hay un acuerdo para prácticamente congelar las actividades (de capacitación y formación) y la erogación de recursos en este tema (de la economía social solidaria). Fue un error haber cambiado el nombre de la sede en Los Santos; se crearon faltas expectativas”, dijo Muñoz.
El presidente ejecutivo del Instituto, Minor Rodríguez, afirmó que el freno será temporal hasta que se atiendan las “recomendaciones de la Auditoría Interna”.
“Hemos hecho una pausa ya que, en este momento, tanto la Junta Directiva como la administración superior estamos haciendo una revisión minuciosa de lo actuado”, expresó el jerarca en un correo electrónico.
Esa decisión se tomó luego de que un informe de la Auditoria Interna concluyó que el INA se precipitó al adoptar el proyecto , promovido por el presidente, Luis Guillermo Solís.
Según la Auditoría, la casa de enseñanza técnica se equivocó al iniciar el programa con la inauguración de un centro especializado en economía social a finales de enero, en San Pablo de León Cortés, pues todavía no existía un plan de estudios que sustentara su creación.
En criterio de la Auditoría, primero se debió diseñar un currículo “adecuado con las necesidades del mercado laboral” y, después, abrir esa sede en la zona de Los Santos, al tiempo que pidió adoptar la enseñanza de la economía social solidaria en todas las sedes del INA y no solo en la que se ubica en León Cortés.
El directivo Jorge Muñoz agregó que primero se debía cumplir con los requisitos que establece el Ministerio de Planificación para abrir un nuevo centro de formación técnica.
El sector cooperativo, que también tiene presencia en la Directiva del INA, coincide en que la mejor decisión fue haber “puesto una pausa en el camino” y así se lo plantearon a su representante en la Junta.
Freddy González, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), considera que se debe corroborar si legalmente el Instituto puede brindar capacitaciones que no sean del área técnica.
Según González, en el país ya existen instituciones que brindan capacitación en economía social solidaria, propiamente en cooperativismo, como el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).
“La Constitución Política obliga a fomentar el cooperativismo, lo cual no necesariamente se tiene que hacer con personas del sector, sino desde la escuela y el colegio”, declaró González.
Impulso del Ejecutivo. El freno de la Directiva no es consonante con la posición del Gobierno y la administración del Instituto, que siguen promoviendo su puesta en marcha.
Hace ocho días, el 16 de julio, el presidente Solís, firmó un decreto en el cual, entre otros aspectos, “insta” a varias instituciones públicas –el INA incluido– a introducir en sus planes estratégicos objetivos, metas e indicadores relacionados con “el desarrollo, la promoción, el fortalecimiento y la sostenibilidad de la economía social solidaria”.
A su vez, con base en el mandato de Solís, el presidente del Instituto presentó, el lunes pasado a la Junta Directiva, un documento de 69 páginas titulado Propuesta integral sobre el tema de la economía social solidaria a nivel del INA , en que traza la ruta por seguir en las lecciones, para discutirlo la próxima semana.
En ese texto se justifica la inclusión de la economía social solidaria y se propone “ajustar la oferta de servicios de capacitación y formación profesional” en esa dirección. No obstante, no se explica cómo se enseñará ni cuáles cambios se harán a los planes de estudio.