Fracaso de diálogo entre Gobierno y PLN deja veto en manos de Luis Guillermo Solís

Esa ruptura en el diálogo deja la reforma laboral en manos del presidente Luis Guillermo Solís, presionado por los sindicatos y sus aliados del Frente Amplio para que anule el veto antes de que se cumpla el plazo cuatrienal de la iniciativa, este 13 de diciembre.

La ruptura llegó poco antes de las 7 p. m., cuando el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, le comunicó al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, el rechazo de las pretensiones verdiblancas.

“No hubo acuerdo con el PLN. Hubo buen ambiente, pero llegamos a un punto de carácter jurídico en que no nos pusimos de acuerdo. (...) El presidente hoy me dirá cuándo se haría (el levantamiento del veto)”, dijo el ministro anoche.

Propuesta. Primero, la fracción liberacionista pidió al Gobierno que incluyera varios puntos en una iniciativa de ley pactada entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA), para enmendar la reforma procesal laboral.

Esos puntos incluyen pasar del 30% al 40% el mínimo de empleados que deben estar de acuerdo en una huelga, que no se permitan en servicios esenciales (hospitales y policía), que se permita contratar personal suplente mientras dure una huelga y que los patronos puedan sancionar a los empleados cuando se declare ilegal ese tipo de movimiento.

Más tarde, el PLN elevó su pretensión y propuso que se deseche la iniciativa de los aliados del Gobierno y se impulse una reforma procesal laboral totalmente nueva, de redacción verdiblanca.

El Gobierno corrió a consultar esa pretensión con sus aliados del Frente Amplio. Sin embargo, el jefe del FA, Gerardo Vargas, la rechazó de plano pues la considera totalmente regresiva para los derechos de los trabajadores.

En ese escenario, la imagen recurrente fue la del ministro de la Presidencia yendo de la jefatura del PLN a la del PAC y de vuelta, como mediador entre las presiones de la oposición y las posiciones del oficialismo y aliados.

Plazo. Al lado de Jiménez, estuvo el otro vocero y negociador del Gobierno, el diputado Víctor Morales Zapata, quien no logró obtener los 38 votos necesarios para que se extienda el trámite de la reforma laboral por cuatro años.

La presión para resolver antes de la extinción del plazo viene del Frente Amplio, bancada con la que el Gobierno mantiene una alianza para la continuidad del PAC en la cúpula del Congreso.

Tras la ruptura, el ministro de la Presidencia dijo que informaría al presidente Solís por la noche, para que él tome una decisión sobre el levantamiento del veto de Chinchilla, y añadió que mantienen como prioridad el plan de ley impulsado por el PAC, el PUSC y el FA, que enmienda la ley objetada.

La razón principal de la exmandataria para aplicar el veto es que la reforma permite la huelga en servicios esenciales. La otra parte del proyecto establece la oralidad en los juicios laborales, lo que agilizaría el trámite de dichos procesos judiciales.