El Ministerio Público acordó brindar medidas de protección al director de Recursos Humanos del Congreso, Hugo Cascante, uno de los testigos claves en la investigación por presunto peculado, contra el Directorio legislativo por el nombramiento de la presidenta a.i. del PAC, Kattia Martin.
El fiscal del caso, Álvaro Montoya, confirmó que Cascante fue incluido dentro del programa de protección a víctimas y testigos, pero no detalló en que consisten las acciones de resguardo, vigentes desde la segunda quincena de febrero.
Montoya adujo que esa información es confidencial y por ende, tiene prohibido difundir o facilitar cualquier dato que ponga en peligro a Cascante.
Fue el funcionario legislativo quien pidió ser incluido en ese programa, argumentando que es perseguido por la cúpula del Congreso.
El funcionario asegura que su negativa a aprobar varios nombramientos que a su juicio no estaban a derecho, entre ellos el del Martin, le ha generado la apertura de tres procesos disciplinarios.
Entre otros casos, él se opuso al ascenso de la exdiputada Gloria Valerín, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a directora de la División Legislativa y al nombramiento de Juan Carlos Chavarría, el expresidente de Tribunal Electoral Interno del PUSC, como jefe del nuevo Departamento de Participación Ciudadana.
Otros delitos. El caso contra los tres miembros del directorio, el presidente Henry Mora de Acción Ciudadana (PAC) y los dos secretarios: Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, ambos legisladores del PUSC es tramitado en la Fiscalía General de la República desde el 28 de noviembre del año pasado, tras una denuncia anónima.
Inicialmente se investiga el presunto delito de peculado, aunque el fiscal Montoya no descartó que amplíe a otros delitos: "De acuerdo a la información que se está analizando, se está valorando si los hechos que sucedieron pueden configurar algún otro delito, pero eso aún no se ha verificado".
La cúpula legislativa está bajo investigación por tomar la plaza vacante que dejó un chofer tras su jubilación, para revalorarla y asignarse a la presidenta del PAC pero en el departamento de Prensa y Protocolo.
El nombramiento se hizo sin concurso y sin el visto bueno de Hugo Cascante y la directora de Prensa de la Asamblea, Karla Granados, quien debió enviar a Kattia Martin a trabajar desde su casa porque no tenía espacio físico donde ubicarla.
El Ministerio Público también analiza otra denuncia contra el Directorio pero por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación al fuero sindical.
La denuncia la presentó la secretaria general del sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (Utraleg), Guiselle Ruiz, por el proceso sancionatorio que se le abrió por cuestionar varios de los nombramientos de personal que ellos han realizado.