La administración Chinchilla impulsó un proyecto de ley para regular el empleo público, pero falló en el intento.
La iniciativa la llevó adelante la entonces ministra de Trabajo, Sandra Piszk, ahora diputada electa.
Olman Segura, actual jerarca de Trabajo, dijo que enviaron el plan a consideración de nueve centrales sindicales para que la discutieran, pero sin respuesta.
“Ellos escucharon los detalles de la iniciativa y dijeron que harían una contrapropuesta. Quedaron de llegar a presentarla y nos dejaron plantados. Dijeron que no les interesaba y que si alguien se atrevía a tocar los pluses salariales en el sector público, se tirarían a las calles”, manifestó Olman Segura.
La sola intención del Gobierno motivó, al menos, dos movimientos de protesta, uno en octubre de 2012 y luego en marzo de 2013.
Según el ministro, él ha llamado de nuevo a la mesa de diálogo porque el país necesita tomar medidas y porque es necesario hacer ajustes por “la terrible inequidad que hay en el sector público, a pesar de tener el mismo patrón”.
Al respecto, Marvin Rodríguez, secretario general de la Confederación de Trabajadores, dijo que la iniciativa impulsada por el Gobierno tenía un objetivo meramente fiscal y que no hay condiciones para discutirla.
“Para yo poder llegar a un entendimiento de equis tema, tiene que haber la confianza y el respeto para poder producir. El asunto es que lo que yo produzco es malo, por eso, he dicho que no hay posibilidad para negociar”, añadió.