Dos funcionarios del Conavi se encargaron de autorizar los pagos a las empresas de maquinaria que abrieron la trocha paralela al río San Juan: el exdirector ejecutivo, Carlos Acosta Monge, y un ingeniero de apellido Serrano.
Ante la ausencia de procedimientos normales para contratar compañías mediante concursos públicos, estos personeros tramitaron los desembolsos al amparo de un decreto presidencial de emergencia originado por la invasión de Nicaragua a isla Calero, en Pococí.
El ingeniero Serrano se encargó de seleccionar a las constructoras y de dar por buenos sus trabajos, al tiempo que Acosta firmó los acuerdos de pago.
Así consta en ocho resoluciones de pago del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las cuales tuvo acceso
Hoy, a raíz de una denuncia ordenada por la Presidencia de la República, el Ministerio Público investiga si hubo dádivas en la ejecución del proyecto, el cual empezó en el 2011 luego de la incursión nicaraguense de octubre del 2010.
Acosta y Serrano figuran como investigados, al igual que un inspector de obras de apellido Ramírez, quien compró una casa de ¢171 millones en enero pasado.
El lunes, la Fiscalía de Probidad allanó sus respectivas casas.
Para este proyecto de 160 kilómetros, el Conavi contrató 34 empresas y les pagó ¢20.000 millones.
Por ejemplo, el 20 de diciembre del 2011, la firma Excavaciones Arcansa OG S. A. le facturó al Conavi ¢159 millones por trabajos realizados del 14 al 25 de noviembre bajo el concepto de imprevistos.
Lo mismo hizo el Coloso Santa Cruz CSC S. A. con una factura de ¢110 millones por trabajos del 26 de diciembre al 10 de enero; y otra de ¢138 millones del 11 al 31 de enero.
Este medio intentó conversar ayer con representantes de estas compañías, pero no fue posible.
En sus argumentos para autorizar los pagos, Acosta afirmó que Serrano seleccionó a las compañías porque estas tenían las siguientes características: “Disponibilidad inmediata, contaban con el equipo y el personal necesarios para atender la situación presentada, además de la experiencia para la ejecución de las obras”.
Acto seguido, el exdirector del Conavi señalaba que Serrano estimó los trabajos y los recibió a “entera satisfacción”. La presidenta Laura Chinchilla pidió separar a ambos de sus cargos públicos.
José Miguel Villalobos, abogado de Serrano y Ramírez, afirmó que no se referirá a detalles del asunto antes de que la Fiscalía les traslade los cargos a sus clientes.