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Dos errores cometidos por el Partido Acción Ciudadana (PAC) dieron al traste con la medida cautelar que el Tribunal de Ética de la agrupación impuso a siete dirigentes de la Juventud Progresista (JP), cuestionados por sugerir el uso de recursos del Gobierno para las próximas elecciones municipales.
La decisión de anular la suspensión de seis meses impuesta a los líderes juveniles la tomó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 4 de setiembre, luego de pedir explicaciones al órgano del PAC que vigila la ética.
El primer error: se le notificó al Comité Ejecutivo Nacional sobre la obligación de este órgano y del Tribunal de Ética de dar cuentas al TSE sobre la sanción. Pero la presidenta del PAC, Margarita Bolaños, no remitió la notificación a Beatriz Rivas, presidenta del tribunal.
Eso generó que este último ente ni siquiera se presentara a justificar por qué aplicó la medida cautelar de separar de toda relación partidaria a los líderes juveniles cuestionados .
El segundo yerro fue la inexistencia de un tribunal de alzada que revisara las decisiones del juzgador de la ética, pues eso impedía un debido proceso para los jóvenes antes de que se les aplicara algún castigo.
En cuanto al primer tema, Bolaños alegó haber asumido que el TSE había notificado por aparte a Rivas y que no es trabajo de la presidenta del PAC estar repartiendo mensajes.
En cambio, Rivas calificó de incorrecta la actuación de Bolaños, quien respondió a su manera a las preguntas del TSE.
“Ella es la que contesta y emite una serie de valoraciones que no son las que nosotros habríamos contestado”, expresó Rivas.
Ante eso, la presidenta del partido adujo que “eso salió en todos los medios y decía que el Tribunal Supremo de Elecciones notificaba a los dos y uno entiende que el Tribunal de Ética estaba notificado; se supone que el Tribunal de Ética debe tener un correo especial para notificaciones”.
Los dirigentes juveniles que presentaron el amparo electoral al TSE son Mariano Salas Naranjo, Eduardo Solano Solano, Andrea Marcela Ávila Segura, Eder Artavia Quirós, Randall Céspedes Barrios, Fabián Solano Fernández y Cindy Taco Quirós
Este sábado, en la Asamblea Nacional del partido oficialista, Salas (antes asesor de la Presidencia y hoy del diputado Víctor Morales Zapata) dijo que, aunque el TSE los haya facultado a hacerlo, no le cobrarán las costas del proceso al partido, pues ahora solo buscan que el PAC tenga éxito en los comicios municipales.
Candidatos ratificados. En la Asamblea Nacional que analizó las 73 candidaturas para las alcaldías estuvieron presentes los aspirantes por San José, Daguer Hernández, y por San Carlos, el exdiputado Manrique Oviedo.
Ellos habían sido cuestionados por tener deudas con la agrupación, al no pagar cuotas a las que están obligados como funcionarios electos en representación de Acción Ciudadana.
Hernández canceló ¢1,7 millones antes de recibir la bendición de 31 asambleístas, mientras que Oviedo tuvo que pagar poco más de ¢3 millones para ver su postulación ratificada por 30 delegados nacionales presentes.
En el caso de Paraíso, seguirá sin candidato a alcalde, pues Carlos Coto no tuvo el aval, acusado de cercanía liberacionista.
“Este servidor, quieran o no, va a ser candidato, así se me atraviesen. Toda la vida he sido un trabajador comunal”, dijo Coto, quien aportó una carta de la diputada liberacionista Paulina Ramírez, como certificación de que no es cercano a ese partido.
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