EscucharSeis de cada diez costarricenses desaprueban la posibilidad de que empresas privadas hagan donaciones en efectivo o en especie a los partidos políticos en una campaña electoral.
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OPINIÓN (Infografía)
Solo el 16% de los ciudadanos está de acuerdo con ese tipo de donaciones, vetadas el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra la voluntad del Partido Liberación Nacional (PLN), que deseaba utilizar esa modalidad en esta campaña.
Esto lo muestra la última encuesta de Unimer para La Nación, con 1.206 encuestas realizadas entre el 6 y el 12 de setiembre.
Un mes antes, diputados del PLN propusieron una reforma al Código Electoral para abrir la opción de recibir donaciones de sociedades anónimas, con el argumento de evitar caer en “absurdos”. Por ejemplo, que una persona no pueda donar algo que tiene a nombre de una sociedad.
La propuesta tenía el apoyo del candidato oficialista Johnny Araya y la desaprobación del Partido Acción Ciudadana (PAC). El TSE se pronunció el miércoles, la víspera de que los diputados decidieran el tema, y calificó la propuesta como “inaceptable”.
Inaceptable también resulta esa posibilidad para el 61% de los encuestados, mientras dos de cada diez contestan que les da igual. El desacuerdo con la reforma tiene más fuerza entre hombres, los de nivel socioeconómico alto, quienes tienen universitaria y se declaran simpatizantes del PAC o Movimiento Libertario.
Los que ven con más anuencia las donaciones de empresas en la campaña política son aquellos con edades de 30 a 50 años, en la clase media y entre quienes simpatizan con el PLN y con el Partido Unidad Social Cristiana.
La opción de legalizar las donaciones de empresas, sin embargo, no está del todo descartada. El diputado Edgardo Araya, jefe de la fracción verdiblanca, dijo que la volverían a plantear en el futuro.
La mayoría de ciudadanos también desaprueban la posibilidad de que los partidos políticos reciban donaciones de extranjeros, sean personas o empresas. El 72% se opone y un 9% lo aceptaría.
Menos dinero. Los electores, en su mayoría, cierran las puertas a fuentes adicionales de financiamiento y más bien consideran que el Estado dedica mucho dinero a campaña.
El 73% de los encuestados consideró que es mucho el aporte estatal y solo 15% cree que el monto es adecuado. En el momento de la pregunta, el disponible del Estado para la campaña era de ¢43.000 millones, pero este martes los diputados acordaron reducirlo a ¢25.000 millones, aunque está pendiente la segunda votación necesaria.
Aunque la pregunta se hizo sobre la percepción espontánea de los entrevistados, sin mencionar los montos, el 8% de ellos indicó que es “poco” el dinero dispuesto para el gasto electoral. Esta posición predomina en menores de 30 años y gente de más dinero.
