Cada vez más grupos alzan la voz a favor o en contra de la reforma procesal laboral, en momentos en que el presidente Luis Guillermo Solís evalúa levantar el veto que frenó el proyecto de ley en el 2012.
Mientras varias cámaras empresariales intensifican su labor de comunicación para persuadir al mandatario de darle vida a la iniciativa, los sindicatos presionan al Gobierno para que la ponga en vigencia.
En el primer grupo están la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) y la Cámara Nacional de Transportes, que piden no levantar el veto. Alegan que la reforma legalizaría las huelgas en servicios públicos esenciales y, encima, prohibiría contratar personal temporal para sustituir a los huelguistas de un servicio paralizado.
Para Jorge Brenes, presidente de Azofras, la reforma “afectaría notablemente la imagen de Costa Rica para retener y atraer inversión extranjera”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió este lunes de que saldrían a la calle a protestar en el 2015 si Solís no rescata el proyecto vetado. La medida es apoyada por la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
“El grueso del movimiento sindical costarricense le exige al presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, que honre su promesa, que honre su palabra, que no le tenga miedo a la Unión de Cámaras y que le quite el veto a la reforma procesal laboral”, manifestó el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
Según los gremios, el país además podría enfrentar una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo de la reforma es agilizar los juicios laborales, al introducir los procesos orales. Pero, en el 2012, la entonces mandataria Laura Chinchilla vetó la iniciativa por permitir huelgas en servicios esenciales. Colaboró Steven Oviedo.