Empleados judiciales recibirían salarios extra por aplazar la fecha de jubilación

Así lo establece el Proyecto de Ley Reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que se discute en la Comisión Especial de Pensiones del Congreso.

El incentivo, propuesto por los gremios del Poder Judicial, se basa en el modelo de las pensiones del Magisterio Nacional. La vocera del Frente de Gremios, Adriana Orocú, aseguró que se trata de una iniciativa para generar un ahorro al Fondo de Pensiones.

Según ella, por cada año que un empleado postergue su pensión, el Fondo se ahorrará el pago de 13 meses (incluyendo aguinaldo) de pensión a cambio de desembolsar solo uno.

“Nuestra preocupación es que muchas personas que llegan a la edad jubilatoria tienen condiciones muy buenas para seguir en el Poder Judicial. Esto les sirve al Fondo y a la Corte”, dijo Orocú, en cuya institución hoy las personas se pueden pensionar entre los 55 y los 62 años.

Según datos de la oficina de prensa de la Corte, hay 240 funcionarios que ya tienen derecho a jubilarse y que, por una u otra razón, no lo han hecho.

Entre ellos están 12 de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de los cuales ya tienen incluso su jubilación aprobada.

A pesar de que la propuesta es de los gremios, también los magistrados avalan la creación de este incentivo, indicó la oficina de prensa de la Corte.

Entre los altos jueces hay algunos que han cumplido hasta 53 años de trabajar para el Poder Judicial, o sea, 23 años adicionales a los 30 mínimos para tener derecho a pensión.

Si un alto juez se pensiona 15 años después de la fecha y tiene un salario de ¢8 millones recibiría ¢120 millones de incentivo, aparte de la cesantía de ¢96 millones que, en el Poder Judicial, es de 12 años y no de 8 como ocurre en la mayoría de empleos.

La ventaja es que, en ese caso, el Fondo de Pensiones se ahorraría ¢1.560 millones en pensiones a lo largo de los 15 años.

En el caso de un salario de ¢1,5 millones, el incentivo por 15 años sería de ¢22,5 millones y el ahorro, de ¢292 millones.

La diputada liberacionista Sandra Piszk está consciente de que el incentivo existe en otros regímenes jubilatorios, pero no en el judicial. Sin embargo, prefiere no tomar una posición definitiva hasta no conocer en detalle el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica.

Por su parte, la legisladora de Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, manifestó estar en contra del incentivo por aplazar la pensión y se inclina por subir la edad de retiro a 65 años para todos los funcionarios, incluidos los actuales.