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Proyecto de ley controla excesos en la revisión del monto de las jubilaciones

Poder Ejecutivo ignoró plan que frenaba abuso en pensiones

Actualizado el 04 de abril de 2014 a las 12:00 am

Texto pasó a plenario en setiembre y quedó relegado en la agenda legislativa

Congresistas sin explicación de porqué no fructificó iniciativa con respaldo político

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Poder Ejecutivo ignoró plan que frenaba abuso en pensiones

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El Poder Ejecutivo dejó en el olvido un proyecto de ley que pretendía poner límites y frenar el abuso en el cálculo de la revisión del monto de las pensiones en el sector público.

El expediente número 16.880 había pasado con éxito la fase de comisión el pasado 10 de setiembre. Sin embargo, no fue convocado por el Gobierno en el actual y último período de sesiones extraordinarias, que vence el próximo 30 de abril.

La iniciativa salta a la luz un día después de que la Asociación de Profesores de la Segunda Enseñanza (APSE) denunció el intento de cuatro diputados por recalificar su pensión de educadores con base en sus actuales ingresos legislativos.

El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, dijo que el plan no estaba dentro de las prioridades de la Casa Presidencial, pues había temas más urgentes como banca para el desarrollo y el fideicomiso para apoyar al sector cafetalero.

“El Ejecutivo tiene sus prioridades definidas y ahora resulta que hay una indignación retroactiva de los diputados. En todo caso existe una posición de la Sala Constitucional respecto a ese punto”, explicó anoche Gallardo.

Se intentó hablar del tema con el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, sin embargo, no fue posible localizarlo.

¿De qué trata? La iniciativa, que se discutió en la comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso pretende limitar la revisión de las pensiones a los funcionarios públicos.

De esta forma, solo podrían revisar su pensión los funcionarios que se hayan reincorporado a la función pública y que hubiesen cotizado al menos durante cuatro años.

De aprobarse, también obligaría a los diputados pensionados a renunciar a su beneficio mientras ejercen en funciones legislativas.

A la izquierda, Luis Gerardo Villanueva, del PLN y José María Villalta, del Frente Amplio, quienes  formaron parte de la comisión que dictaminó el plan de ley. A la derecha, el diputado electo por el PLN y exeducador, Rolando González,  estrechó la mano del presidente del  TSE, Luis Antonio Sobrado el 17 de marzo, cuando le entregaron su credencial.    | ABELARDO FONSECA Y ALBERT MARÍN
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A la izquierda, Luis Gerardo Villanueva, del PLN y José María Villalta, del Frente Amplio, quienes formaron parte de la comisión que dictaminó el plan de ley. A la derecha, el diputado electo por el PLN y exeducador, Rolando González, estrechó la mano del presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado el 17 de marzo, cuando le entregaron su credencial. | ABELARDO FONSECA Y ALBERT MARÍN

Por otro lado, el cálculo solo procedería para incrementar el monto por el equivalente al aumento en el costo de vida correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El proyecto, presentado en octubre del 2009 por el entonces diputado del Frente Amplio, José Merino, tuvo el apoyo de legisladores del PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario, PAC y el Frente Amplio.

La queja de los diputados es que el Ejecutivo no lo convocó en el periodo de sesiones extraordinarias que se inició el 1.° de diciembre.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, reclamó que el plan había logrado consenso y que aún así no se le dio seguimiento.

Por su parte, el legislador Luis Fishman aseguró que si se hubiera convocado, se habría acabado el problema con las pensiones.

“Si el Poder Ejecutivo lo hubiera convocado se habría eliminado el abuso en las pensiones”, afirmó.

El diputado del PLN y presidente de la comisión de jurídicos, Luis Gerardo Villanueva, dijo que correspondía a los jefes de fracción pedir la convocatoria del plan.

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Esteban Mata

emata@nacion.com

Periodista de Política

Periodista de Política. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina. Cronista parlamentario y reportero de investigación premiado por el TSE, la Defensoría de los Habitantes y colaborador de medios internacionales.

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