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Diputados de cuatro partidos piden responsables por 'chambonada' en punta norte de vía a San Carlos

Actualizado el 11 de julio de 2017 a las 05:37 pm

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Diputados de cuatro partidos piden responsables por 'chambonada' en punta norte de vía a San Carlos

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El costo de la sección norte de la nueva vía a San Carlos (6,9 km) es de ¢20.600 millones. (Jeffrey Zamora)

Diputados de cuatro partidos piden investigar y sentar responsabilidades por la forma en que el Conavi elevó de ¢7.700 millones a ¢20.600 millones el costo de la punta norte de la nueva carretera a San Carlos, sin tener un estudio de flujo vehicular que lo justificara, sin modificar el contrato, sin saber cuánto costarían los cambios y sin tener certeza de dónde vendría el dinero.

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Los legisladores Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Edgardo Araya, del Frente Amplio; y Rolando González, del PLN, coinciden en que este caso no puede quedar impune y en que se debe indagar lo sucedido en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

"Estamos hartos de tantas pifias y chambonadas, del uso tan ligero de los recursos públicos, estos temas deberían ser manejados con mayor cuidado. ¿Cómo es posible que se pierdan decenas de miles de millones y no pasa nada?, ya es mucha la impunidad que existe en el país". Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana

Según publicó este medio el martes, solo tres meses después de dar la orden de inicio al proyecto de diseño y construcción de la punta norte, el Conavi aceptó modificar el diseño para ampliar la vía a cuatro carriles, a solicitud de la constructora Apca-Ceinsa-Tragsatec y de una asociación de vecinos de la zona.

Sin saber cuánto costaría el cambio, el Gobierno ordenó construir según el nuevo diseño hasta que se acabaron los ¢7.700 millones que financió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y, cuando la constructora puso la factura sobre la mesa, esta triplicó el monto del contrato original.

Según Otto Guevara, no solo se debe investigar lo que ocurrió con el desarrollo de esa vía de 6,9 kilómetros, sino que se debe sancionar a los funcionarios responsables y pedir cuentas a la Contraloría General de la República, como órgano encargado de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.

"Me dejó el pelo parado. Me parece absolutamente desastrosa la ejecución de dinero público en la construcción de esos 6,9 kilómetros. Una gran improvisación, decisiones tomadas sin sustento técnico, una dilapidación de fondos públicos en vista de que no hubo procesos concursados para adjudicar las construcciones, una completa chambonada", expresó Guevara.

Con él concuerda Mario Redondo, quien aboga por la aprobación de un proyecto de ley, que el presentó a la corriente legislativa la semana pasada, para imponer sanciones a los funcionarios públicos que ejecuten fondos del Estado con descuido o imprudentemente.

"Ya estamos hartos de las chambonadas en el manejo de los proyectos de infraestructura vial y el uso de recursos públicos. Estamos hartos de tantas pifias y chambonadas, del uso tan ligero de los recursos públicos, estos temas deberían ser manejados con mayor cuidado. ¿Cómo es posible que se pierdan decenas de miles de millones y no pasa nada?, ya es mucha la impunidad que existe en el país", declaró el diputado cartaginés.

"Lo que están denunciando es muy grave, es cambiar todo sin tener nada de previo y eso violenta el principio de legalidad con que todo se tiene que manejar. Habría que determinar si realmente hubo un daño a la Hacienda pública o al interés público. Claramente eso no se debió haber hecho así". Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio

Edgardo Araya va más allá. Asegura que las investigaciones deben ampliarse al tramo de 30 kilómetros que va desde Sifón, en San Ramón; hasta La Abundancia, en San Carlos.

Él considera que, en el caso de la punta norte, puede existir una violación al principio de legalidad; por eso afirma que se debe investigar. Sin embargo, espera que el proyecto no se frene, pues la zona norte del país lleva casi 50 años esperando su conclusión.

"La comisión de Ingreso y Gasto Público debería ver el asunto sobre todo por la cantidad de plata que se manejó. Como norteño a mí lo que me aterra de todo esto es que se comience a zarandear mucho la cosa y, entonces, por alguna razón, se paralice la obra, eso es lo que nos da terror.

"Me parece que habría que revisar la afectación real, lo que están denunciando es muy grave, es cambiar todo sin tener nada de previo y eso violenta el principio de legalidad con que todo se tiene que manejar. Habría que determinar si realmente hubo un daño a la Hacienda pública o al interés público. Claramente eso no se debió haber hecho así", afirmó el frenteamplista.

El liberacionista Rolando González, diputado y presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, anunció que el lunes presentará una moción para que ese foro investigue lo sucedido y el eventual perjuicio ocasionado al país.

"Se acerca a la situación crítica del desvío de los 80 metros en la ruta de acceso al megapuerto de Moín y constituye un modo de actuar casuístico, falto de rigor ético y que evidentemente incluye erogaciones excesivas en perjuicio de erario y en beneficio de determinadas empresas", dijo González.

Este medio intentó obtener reacciones de varios diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC), pero fue imposible contactarlos.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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