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Venció plazo dado por Sala IV para definir castigo por infringir deber de probidad

Diputados rehúyen orden para fijarse sanciones

Actualizado el 26 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Congresistas tenían 36 meses para incluir reforma en su Reglamento

Magistrados emitieron resolución tras caso de diputada que usó avioneta

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Actualmente, ni la Constitución Política ni el Reglamento de la Asamblea Legislativa establecen sanciones para aquellos diputados que, en el ejercicio de sus cargos, no observen las normas de la ética y la moral que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. | JONATHAN JIMÉNEZ.

Por vencer el plazo, los diputados de la Asamblea Legislativa rehuyeron la orden de la Sala IV de fijar sanciones al congresista que viole el deber de probidad en la función pública.

El mandato fue dictado por los magistrados constitucionales en junio del 2010 y notificado al Congreso en noviembre de ese año.

Desde ese momento tenían 36 meses (tres años) para introducir en la Constitución Política y en el Reglamento legislativo las faltas al deber de probidad como un motivo para perder la credencial que los acredita como diputados.

Sin embargo, tres años pasaron y la Asamblea Legislativa no ha aprobado una sola reforma que establezca sanciones para sus miembros cuando no se comporten según las normas de ética y moral, ni tampoco procedimientos para aplicar esos castigos.

Según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el deber de probidad obliga al funcionario público a regirse por la ética y la moral en su cargo, rechazando todo acto de corrupción y de abuso de su autoridad, en este caso específico como legisladores.

“Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley”, dice el artículo 3 de la ley anticorrupción.

La resolución 2010-011352 de los magistrados surgió tras el escándalo de la exdiputada liberacionista Maureen Ballestero, quien en el 2009 utilizó una avioneta pública para asistir a actividades de su partido en Liberia.

Falta de voluntad. El actual presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza, aseguró que los jefes de las fracciones políticas no mostraron voluntad para discutir el tema, pese a que él dice haber llevado el asunto a la reunión semanal.

“Esta será una herencia más para los nuevos diputados, uno de los temas no resueltos, porque en un mes no hay probabilidad de poder resolverlo”, señaló el jerarca.

Carmen Muñoz, líder de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicó que ellos no habrían tenido problema de analizar las reformas, pero aseguró que esa agrupación no le hacen falta las modificaciones legales para poder “regirse por principios éticos”.

El liberacionista Luis Gerardo Villanueva, quien fue el primer presidente del actual Congreso (2010-2011), dijo que algunos legisladores se consideran “intocables” y no tuvieron interés en establecer sanciones para sí mismos.

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“Por esto seguirán impunes las violaciones al deber de probidad”, apuntó Villanueva.

Marielos Alfaro, del Movimiento Libertario, culpó a los cuatro directorios que tuvo la Asamblea Legislativa por la falta de avance en el tema. “Nadie tomó la bandera de impulsar esta discusión”, criticó.

Canto de sirenas. Para el independiente Luis Fishman, la Sala Constitucional simplemente no tiene poder para darle órdenes a los congresistas. “Esta resolución es un canto de sirenas, a mi criterio no tiene importancia”.

Para Fishman, no hay ley alguna que pueda emplearse para remover a un legislador de su curul e insistió en que los magistrados constitucionales no deberían siquiera pensar en dar órdenes a la Asamblea Legislativa.

Su posición es que el Congreso debe delimitar las funciones de la Sala IV para impedir que se puedan emitir resoluciones como esta, que fijó plazo a los diputados para hacer cambios a la Carta Magna y al Reglamento legislativo.

Solo hubo dos intentos de los diputados de fijar normas éticas para el ejercicio de sus cargos: una reforma constitucional presentada por Villanueva que fracasó luego de que dos legisladores quitaron sus firmas y, un proyecto de ley libertario que ensayó un “Código de Ética Parlamentaria”.

Este último plan recibió un criterio negativo de la Procuraduría de la Ética Pública, pues no buscaba reformar la Constitución, sino fijar las sanciones con una ley.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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