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Diputados quieren quitar secretismo al ICE e INS

Actualizado el 24 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Contraloría podría hacer uso público de la información de esas instituciones

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El ICE se ha negado a entregar a los diputados toda información relacionada con sus estados financieros, los de sus subsidiarias (Racsa y Compañía Nacional de Fuerza y Luz), así como de negocios como el centro de datos. | JOSÉ CORDERO.

Ante el alegato esgrimido frecuentemente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de que su información y la de sus subsidiarias es confidencial, los diputados impulsan un proyecto de ley para quitarle el secretismo a ese ente público.

Se trata del plan de ley 19.157, del liberacionista Antonio Álvarez Desanti, el cual plantea una “interpretación auténtica” del artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector Telecomunicaciones.

Con eso, lo que se busca es impedir que esa confidencialidad alcance a la Contraloría General de la República (CGR), de manera que ese ente pueda “hacer uso público” de esos datos, siempre y cuando no afecten secretos comerciales, industriales o económicos de la entidad que los entrega.

La iniciativa de Álvarez Desanti también le aplica la misma apertura al Instituto Nacional de Seguros (INS), para que no pueda guardarse nada ante requerimiento del ente contralor.

Transparencia. Actualmente, la Contraloría enfrenta una demanda judicial promovida por el ICE, cuyo fin es poder restringir el acceso de esa entidad a toda su información.

Según el diputado Álvarez Desanti, compañías similares en otros países abren públicamente sus resultados financieros e incluso los colocan en Internet.

La discusión se ha vuelto más polémica no solo por la demanda del ICE, sino también por las investigaciones que hace la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso sobre los problemas financieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), ambas subsidiarias del ICE.

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, le respondió a La Nación e indicó que actualmente la Contraloría tiene acceso irrestricto a la información y añadió que la institución está obligada a dar los datos que el ente contralor les pida.

La Contraloría no puede hacer uso público de esos documentos, según Obregón “porque el país y la Asamblea Legislativa decidieron poner al ICE en competencia y tiene que garantizarse el competir equitativamente”.

Por otra parte, el presidente del INS, Elian Villegas, aseguró que están de acuerdo con la reforma legal y dijo que impulsan un cambio administrativo interno para asegurar una mayor transparencia en la información que maneja el ente público.

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“Estamos en un proceso de revisión de la información que se ha considerado confidencial, porque yo, en lo personal, considero que la norma debe ser la transparencia, y una excepción muy calificada, la confidencialidad”, dijo.

Apoyo. Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, están de acuerdo con el proyecto de ley.

Para Solís, los estados financieros de las dos entidades deben ser públicos; en tanto Guevara apuntó que busca la forma de llevar la discusión a la Sala Constitucional, para que se pronuncie sobre el secretismo del ICE.

Arguedas, quien trabajó en el ICE, afirmó que hay negocios del Instituto que no funcionan y tratan de ocultar esos malos resultados, al hacer uso antojadizo del derecho de confidencialidad.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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