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Reacciones tras veto a proyecto que permitía huelgas en servicios esenciales

Diputados quieren negociar para evitar muerte de reforma laboral

Actualizado el 11 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Pese a molestia, oposición abre puerta para salvar plan que agiliza el juicio laboral

Partidos acusan al Gobierno de ser poco confiable y de no coordinar con el PLN

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Diputados quieren negociar para evitar muerte de reforma laboral

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                         Luis Fishman, Rodolfo Sotomayor y Alberto Rojas, del PUSC, criticaron el veto del Gobierno. | MAYELA LÓPEZ
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Luis Fishman, Rodolfo Sotomayor y Alberto Rojas, del PUSC, criticaron el veto del Gobierno. | MAYELA LÓPEZ

Pese a su molestia y a las recriminaciones que lanzaron sobre el Gobierno, los principales partidos de oposición no descartaron ayer negociar cambios a la Reforma Procesal Laboral para evitar que esta muera tras el veto de la presidenta Laura Chinchilla.

Las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio dijeron que evaluarán los ajustes propuestos por el Ejecutivo.

No obstante, responsabilizaron al Partido Liberación Nacional (PLN) y a Casa Presidencial por el tropiezo del proyecto.

“Esa negociación tiene que darse, pero lamento muchísimo que se eche atrás una reforma tan importante”, dijo el legislador José María Villalta, del Frente Amplio.

Entre otros temas, la Reforma Procesal Laboral pretende reducir en forma considerable los plazos de los juicios laborales mediante la introducción de procesos orales.

Según el legislador liberacionista Luis Gerardo Villanueva, uno de los impulsores del proyecto, ese es el principal aporte del plan, el cual también asigna defensores públicos a los trabajadores en juicio.

El Gobierno está de acuerdo con esos objetivos, pero vetó el proyecto porque consideró inconstitucional que se permitan las huelgas en los servicios públicos esenciales, como la Policía y los hospitales.

Además, no admitió que el proyecto prohíba contratar personal temporal para sustituir a los huelguistas, mientras un movimiento no haya sido declarado ilegal.

Al haber sido vetada, la Reforma regresa a la comisión de Asuntos Jurídicos, donde se abren varios caminos. El foro podría rechazar el veto y enviar el proyecto al plenario para que lo reselle y entre a regir.

Pero, para ello se requiere de 38 votos. Si no se obtienen, el proyecto se archiva.

La única fracción dispuesta a jugar esa carta es la del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), según su jefe, José J. Porras.

Otra posibilidad es que, en Jurídicos, se negocien los cambios propuestos por el Gobierno y se envíe un texto modificado al plenario .

Luis Fishman, jefe de fracción del PUSC, dijo que su primera opción es resellar pero, si no se tienen los votos, está dispuesto a que lo “convenzan” de los cambios para que no se eche a perder el proyecto.

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La jefa del PAC, Yolanda Acuña, también admitió que tienen un problema para resellar la Reforma y el libertario Danilo Cubero sostuvo que analizarán el tema el lunes.

Culpas. Mientras los sindicatos empezaron a sonar tambores de guerra, la oposición acusó al Gobierno y a su bancada de descoordinación y de ser poco confiables.

“Lo inaceptable es la descoordinación entre el Poder Ejecutivo y la fracción del PLN en torno a las negociaciones que se dan. Nosotros atendimos a la señora ministra (Sandra Piszk, de Trabajo) y todo lo que tiene que ver con la huelga se abordó en comisión”, dijo Cubero.

Según el legislador, el PLN avaló el texto, tras ocho años de discusión, sin haber hecho objeción alguna sobre los artículos vetados.

“Yo no le recomendaría a nadie que entre en una negociación con el Gobierno porque no respetan la palabra”, se quejó Villalta.

Para Fishman, el veto no se justifica porque, según la Reforma, para ir a huelga en un servicio esencial los trabajadores deben avisar 15 días antes y se debe garantizar servicios mínimos o el movimiento será ilegal. Además, se prohíbe ir a huelga a empleados indispensables para los servicios mínimos.

Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, sostuvo ayer que el Gobierno fue el primero en pedir los cambios para salvar al proyecto. En cuanto a la responsabilidad, comentó: “Me parece que no hay por qué buscar razones que desvíen la atención de la materia que se pretende votar”.

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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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