Hoy vence el plazo para la aprobación de modificaciones al marco legal dentro del cual se moverán los partidos políticos durante la campaña electoral 2013-2014.
Por eso, sin espacio para aprobar proyectos en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados ya perdieron el chance que tuvieron para fijar nuevos límites de acción para las elecciones.
A partir de mañana rige la veda de seis meses para la aprobación de las reformas electorales que pueda aplicar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Las únicas iniciativas que podrán regir para la campaña electoral que empieza el 2 de octubre serán aquellas con las que el órgano electoral esté de acuerdo.
La más “urgente” de esas reformas es la reducción de la contribución del Estado a los partidos políticos, que hoy se mantiene en un 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a las elecciones (2012).
El Tribunal estableció en un total de ¢36.295 millones el monto disponible para financiar los gastos electorales de los partidos políticos.
Ese dinero ya incluye la reducción del 0,03% del PIB (¢6.465 millones) fijado para financiar los partidos que participen en elecciones municipales en el 2016.
Los intentos de la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de que se aprobara la reducción de la deuda, con la votación de un proyecto de ley que ella presentó, no prosperó.
Fabio Molina, diputado de Liberación Nacional que preside la Comisión de Reformas Electorales, afirmó que la legisladora Ruiz solo tiene un 20% de apoyo en el plenario, y que el restante 80% prefiere una iniciativa que impulsan Luis Gerardo Villanueva y Antonio Calderón, ambos del PLN.
En el camino. El proyecto de ley para reducir la deuda política se quedó en el camino pues no hay otra fracción legislativa, además del PAC, dispuesta a salvar el plan, que está en el lugar 54 de la agenda.
Además, quedan en el camino la iniciativa de ley del TSE para crear franjas electorales, que serían espacios en radio y televisión gratuitos a disposición de todos los partidos, y el proyecto de la libertaria Patricia Pérez para someter las agrupaciones políticas a la Ley N.° 8.204, que castiga, entre otros delitos, el de legitimación de capitales.
La Comisión de Reformas Electorales ya no tiene proyectos en el orden del día más que la iniciativa del TSE para buscar alternativas de financiamiento electoral y otros dos planes de reformas menores.
Diego Brenes, vocero del TSE, insistió ayer en que la entidad promueve la reducción de la contribución electoral, pero aclaró que “es una decisión discrecional de los diputados”.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el financiamiento agobia a los partidos pues la Sala Constitucional aún no resuelve una acción planteada contra los bonos de cesión de la deuda electoral.