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Legisladores cuestionan acceso a información privada

Diputados investigan rastreo de llamadas en dependencia del ICE

Actualizado el 27 de febrero de 2015 a las 12:00 am

Director de la unidad de seguridad de esa entidad dice que cumplen la ley

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Diputados investigan rastreo de llamadas en dependencia del ICE

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Juan de la Cruz estuvo acompañado en la comparecencia por su subalterna Ana Lorena Cavallini. | JOSÉ DÍAZ

Juan de la Cruz, jefe de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dio cuentas ayer ante una comisión legislativa especial que indaga la supuesta manipulación de datos privados de los ciudadanos por esa oficina.

Los legisladores decidieron integrar esa comisión, de seis miembros, para analizar denuncias emitidas contra la DPSI sobre supuestos seguimientos a personas, localización de direcciones IP (número único que permite identificar una computadora conectada a una red) y rastreos de mensajes de texto, todo eso sin mediar la orden de un juez.

De la Cruz indicó que el ICE “ha sido enfático en que se limita al cumplimiento de la ley. El ICE tiene la obligación de atender requerimientos judiciales y para eso destina recursos, llámese técnicos y de personas”.

Agregó que en caso de no cumplir con esos requerimientos, la misma ley podría castigar al ICE con sacarlo de la operación de las telecomunicaciones.

Los cuestionamientos hacia la DPSI fueron emitidos en su mayoría por el diputado libertario José Alberto Alfaro, y su colega Jorge Arguedas, del Frente Amplio, quien fue investigado por esa unidad del ICE en el año 2009.

Para Alfaro, la Dirección liderada por De la Cruz es “como una Policía” fuera del marco legal.

Cambios en la unidad. De la Cruz, quien forma parte de esa dependencia en el ICE desde hace 15 años, indicó que a partir del 2010, la unidad que dirige no realiza seguimientos, ni labores de espionaje, ni rastreos o escuchas de llamadas sin que esté de por medio una orden judicial.

“Dentro del marco de operación del ICE no hay ninguna actividad que requiera usar este tipo de informaciones”, aseguró.

Sin embargo, aceptó que, en el pasado, el ICE facilitó sus equipos para la localización e información de direcciones IP a petición de entidades bancarias, como HSBC, en vista de las operaciones de piratería de datos de los bancos entre 2009 y 2010.

El funcionario defendió la gestión de la unidad, conformada por 317 personas, para garantizar la seguridad de los equipos y para la atención de los requerimientos del sistema judicial del país.

Para hacerlo, De la Cruz citó fallos de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la Sala III.

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Las dudas de los congresistas quedaron reforzadas la semana pasada, luego de que la exfuncionaria de la DPSI, Vivian Mejía Serrano, denunciara ante la comisión legislativa que fue víctima de acoso por parte de sus compañeros y superiores, incluso mientras estuvo embarazada, lo que la obligó a pedir un traslado una vez que retornó de su licencia.

“Varias funcionarias han tenido que salir de esa Dirección porque han vivido acoso laboral. En mi caso, me llevaron a una depresión severa. Ellos quebrantan la resistencia psicológica de cualquiera”, aseveró.

De la Cruz señaló que el caso de Mejía está en revisión.

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Esteban Mata

emata@nacion.com

Periodista de Política

Periodista de Política. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina. Cronista parlamentario y reportero de investigación premiado por el TSE, la Defensoría de los Habitantes y colaborador de medios internacionales.

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