El jefe de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE, Juan de la Cruz Brenes, compareció esta mañana ante los diputados de la comisión especial que investiga supuestos usos y manipulaciones de información de los ciudadanos por parte de esa oficina.
Los legisladores examinan denuncias según las cuales esa dirección ha realizado seguimientos a personas, localizaciones de direcciones IP (número único que permite identificar una computadora conectada a una red) y rastreos de mensajes de texto, sin orden de un juez.
En la sesión de esta mañana, los diputados cuestionaron que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tenga a su disposición la posibilidad de escuchar conversaciones telefónicas, a lo que de la Cruz respondió que esas operaciones se hacen bajo orden de un juez y que solo dos personas tienen acceso al sistema informático requerido para ello.
De la Cruz aceptó, ante los diputados, que en el pasado el ICE facilitó localización e información de direcciones IP a petición de entidades bancarias, como HSBC.
Argumentó, además, que la unidad cuenta con personal armado y preparado para hacer seguimientos en función de la seguridad de los bienes de la institución.
Por otra parte, la semana anterior, la funcionaria del Instituto, Vivian Mejía Serrano, denunció ante la comisión legislativa que fue víctima de acoso por parte de sus compañeros y superiores en la Dirección de Seguridad, lo que la obligó a pedir un traslado.
La funcionaria aseguró que, luego de manifestarse en contra del proceder de la unidad, fue objeto de agresiones físicas y verbales por parte de sus compañeros, aún estando embarazada.
"Varias funcionarias han tenido que salir de esa Dirección porque han vivido acoso laboral. En mi caso, me llevaron a una depresión severa. Ellos quebrantan la resistencia psicológica de cualquiera. Me llevaron a una oficina y prácticamente me presionaron para que asistiera a una práctica de tiro, con siete meses de embarazo. Yo le expliqué a Mauricio Castro Rojas (compañero de trabajo) que no podía asistir".
"Él me llamó y me preguntó por qué yo no podía asistir a una práctica de tiro. Yo le expliqué que por la situación de que estaba embarazada. Tenía un estómago que no me veía los zapatos, y era demasiado evidente el embarazo. Yo le dije que no podía asistir, y entonces él me empezó a presionar sobre que si yo tenía algún documento que demostrara que no podía ir a esa práctica de tiro, cuando él de antemano sabe que en esas prácticas se realizan actividades físicas que requieren esfuerzo", aseveró la funcionaria.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, reclamó que en el pasado él fue objeto de seguimientos por parte de la Dirección de Protección del ICE, a lo que De la Cruz respondió que se trató de un trabajo en función de resguardar los intereses de la institución.