Diputados de varias fracciones cuestionan que apenas tres semanas después de que el Gobierno interniviera el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), esta institución frenara las gestiones de cobro judicial que estaban en camino contra cuatro cooperativas vinculadas al dirigente del PLN, Rodolfo Navas, por deudas por ¢2.195 millones.
Los legisladores expresaron molestia ante lo que consideran es un trato preferencial hacia las cooperativas Unicoop, La Catalina, el Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse) y Consorcio Hotelero CCH .
LEA: Gobierno frenó cobro judicial a cooperativas vinculadas a dirigente del PLN Rodolfo Navas
"Todo el mundo tiene que devolver sus deudas, sea quien sea, y más aquellos que están relacionados con la clase política. En ese sentido me agarra por sorpresa y obviamente me genera un malestar, porque a fin de cuentas todos somos iguales ante la ley y, segundo, porque estos son recursos públicos, que deben ser utilizados para desarrollar un sector muy importante como lo es el sector cooperativo y no me parece conveniente que hayan preferencias y que se ponga en discusión el sistema", manifestó Marco Redondo, del partido oficialista.
Patricia Mora, del Frente Amplio, aseguró que su principal preocupación es saber cuál fue el motivo de que se detuvieran los procesos de cobro.
"Ojalá que no estemos ante otro caso de corrupción. Se intervino el Infocoop para sanear las finanzas y resulta que ahora salen noticias que nos preocupan. Mi deseo es que efectivamente esto se aclare y que no estemos ante un nuevo caso de trasiego de influencias políticas que estén configurando otro delito de tráfico de influencias", dijo Mora.
Tal inquietud la comparte William Alvarado, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
"No puede ser posible que se cambie la Junta Directiva del Infocoop y que, precisamente después de cambiarse, en dos o tres semanas, se paralicen los cobros que se venían desarrollando. O sea, esos son los niveles de injerencia y de tráfico de influencias, que a veces uno duda, o lo hace pensar de las cosas que se ven. ¿Cuál es el nivel que tiene Rodolfo Navas para que no se hagan los cobros a esas cooperativas?", dijo Alvarado.
Desde el 28 de febrero, el Infocoop lo dirige una Junta Interventora que el presidente Luis Guillermo Solís nombró con el argumento de que había irregularidades en la administración de la cartera crediticia de la entidad, así como un riesgo de pérdidas por más de ¢9.000 millones.
La orden de detener las gestiones de cobro la giró el 22 de marzo Gustavo Fernández, designado como director ejecutivo por la Junta Interventora. La disposición se tramitó pese a la advertencia de Guillermo Calderón, auditor general del Infocoop, de que ni La Catalina ni Unicoop cumplían con los requisitos para que el alto al cobro fuera aplicable.
"Me parece que es parte del engranaje que viene haciendo el Gobierno con su embajador del mal, como dijo Mariano (Figueres, en referencia al diputado y dirigente cooperativista Víctor Hugo Morales Zapata), me parece que es lo que ellos dijeron que nunca iban a hacer y lo continúan haciendo, así que el Gobierno del cambio sigue evidenciando que los cambios no se van a dar (...) Son cobros judiciales, iguales a los de cualquier persona morosa en este país, que no tiene el beneficio que le está dando el Gobierno a las cooperativas", criticó el liberacionista Danny Hayling.
En opinión de Mario Redondo, legislador de la Alianza Demócrata Cristiana, la elección de Junta Directiva que hizo el Gobierno, en vez de solucionar los conflictos internos de la entidad, favoreció una lucha de poder entre los grupos cooperativistas.
"Puede ser que existan algunos hechos que requieren investigación, pero lo que debió hacer si era el caso era nombrar gente absolutamente independiente para hacer la intervención, lo que pasa es que para hacer la intervención nombró gente del otro grupo. O sea, ahí el Gobierno favoreció una lucha de poder entre los grupos cooperativistas, cuando lo que el país está requiriendo es un abordaje absolutamente imparcial del conflicto", manifestó Redondo.