El proyecto de ley para la titulación de propiedades sobre el cordón de la frontera sur fracasó en la Sala Constitucional.
Ayer, los magistrados anunciaron que esa iniciativa tiene vicios que van contra la Constitución Política, tanto por la forma, como por el fondo.
En el por tanto de la consulta que presentaron diputados del Frente Amplio, la Sala estableció que no se puede aprobar la titulación de tierras en la frontera con Panamá, debido a que el el plan implicaría una grave desprotección del Patrimonio Natural del Estado.
“Hay una violación al artículo 50 constitucional y a los principios precautorios y de no regresividad en materia de protección ambiental, así como a los de objetivación, razonabilidad y proporcionalidad constitucionales”, dice el dictamen.
El punto es que la desafectación de los terrenos del Estado no se basa en ningún estudio técnico; tampoco se define con certeza cuántos terrenos pasarían a ser propiedad privada.
La falta de esos análisis constituye, según los magistrados, un defecto de forma en la tramitación del proyecto de ley.
En cuanto al fondo, la Sala dijo que no se puede desafectar terrenos que, al estar cerca de la línea fronteriza, son fundamentales para la defensa de la seguridad y la soberanía del Estado.
El voto fue unánime.
¿Salida? El expediente 16657 que busca la titulación de la llamada milla fronteriza ronda en el Congreso desde el año 2009.
Finalmente, el pasado 18 de setiembre, la versión final fue aprobada en primer debate, con apoyo de 51 de 57 legisladores, aunque algunos enfatizaron sus dudas.
“Si es porque faltan los estudios técnicos, habría que empezar ese proceso de cero. Habría que buscar una salida, pero probablemente estemos ante el entierro del proyecto”, dijo el diputado Francisco Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Gerardo Vargas, jefe de la fracción del Frente Amplio, explicó que su partido ya había cuestionado puntos que, finalmente, fueron los que dieron al traste con el proyecto. “Mientras no se haga un estudio serio sobre todas las familias de la zona que se beneficiarían, ningún proyecto va a tener éxito”, aseguró Vargas.
El plan habría permitido la titulación de hasta 25 hectáreas de terreno por propietario, incluso en lotes por separado. Eso sí, antes de hacer el reclamo, la persona habría tenido que llevar a cabo un proceso de reconocimiento de derechos ante un juez agrario.
La impulsora de la iniciativa, la liberacionista Karla Prendas, comentó que solo resta buscar otra alternativa viable para los habitantes de la franja limítrofe.
Ellos viven en terrenos por los que no pueden gestionar préstamos, ni tampoco revender y por los que pagan un monto anual de arriendo al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).