Diputados dan más dinero a municipios en plena campaña

Es más que una coincidencia: la ley que aumenta el presupuesto de los ayuntamientos para obra pública fue ratificada la noche de este martes en sesión especial, a falta de cuatro meses para las elecciones municipales.

A las 8:58 p. m., la mayoría de los legisladores dio la aprobación en segundo debate a la Ley N.° 18.001, con el impulso del Gobierno Central y la oposición de Frente Amplio (FA).

La votación de 36 a favor y ocho en contra, después de una jornada en que diputados frenteamplistas y del Partido Liberación Nacional (PLN) se criticaron con dureza, con adjetivos como “chavistas”, “corruptos” y “pendejos” entre otros, en medio de una tensa discusión con tintes ideológicos.

Al final triunfó la tesis del PLN, que se sumó al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), minoritarios y a la mayoría de oficialistas de Acción Ciudadana, a excepción de Ottón Solís, quien se opuso porque la ley podría agravar el déficit fiscal.

Ahora, esta legislación queda lista para aplicarse con un aumento progresivo de fondos a los gobiernos locales para que los destinen a construir infraestructura pública. Serán ¢21.000 millones en el 2016; ¢42.000 millones en el 2017 y ¢63.000 millones en el 2018 y en el resto de los periodos siguientes.

Este dinero saldrá del impuesto a los combustibles, del cual un 22,25% se destinará a las municipalidades, 15 puntos más que el 7,25% de la actualidad, y sin que haya sido necesario crear una fuente adicional de recursos.

Por esto se opusieron Ottón Solís y los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz, mientras que los del FA alegaron un motivo distinto: un transitorio que faculta al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a cesar o trasladar personal que quede vacante por trabajos que ahora serán tarea de los municipios.

La propuesta del oficialismo fue aprobar el proyecto con ese transitorio y, de inmediato, presentar un proyecto para eliminárselo, lo cual fue criticado por el jefe del FA, Gerardo Vargas.

¿Qué dicen? La ley establece que el 15% de los recursos anuales será distribuido en partes iguales entre 81 cantones; el 50% se repartirá según el kilometraje de calles cantonales y el 35% restante, según el índice de desarrollo social de cada cantón.

William Alvarado, diputado que preside la Comisión legislativa de Asuntos Municipales, aseguró que esta ley no beneficiará a ningún partido en concreto, sino a quienes resulten electos el 7 de febrero, sin importar afiliación.

El sector municipal organizado, más cargado de liberacionistas que de otros militantes, celebró la aprobación de la nueva ley como un triunfo histórico, aunque el empujón final lo dio el gobierno de Luis Guillermo Solís, que la calificó como “un salto cualitativo en la democracia”.

El jerarca del MOPT, Carlos Segnini, aseguró que no le preocupaba el transitorio sobre el posible cese de funcionarios, pues explicó que, de por sí, la ley del Servicio Civil le da la facultad de hacerlo, aunque no es algo que tenga en planes cercanos.