Ante el quinto caso de pagos irregulares a un jerarca del gobierno de Luis Guillermo Solís, la reacción de los diputados ya no es de sorpresa, aunque mantienen la indignación.
Las principales preguntas que se hacen en varios partidos políticos son ¿cuándo reconocerá el Gobierno que estos casos son corrupción?, ¿cuándo verá que hay una tendencia a hacer pagos salariales al margen de la legalidad?
Para Edgardo Araya, jefe de fracción de uno de los mayores aliados políticos del oficialismo, el Frente Amplio, es inconcebible que nadie les haya dicho cómo son las cosas, qué pueden cobrar y qué no.
“Uno todavía puede entender una vez o dos, pero a como siguen saliendo, ya es algo que se debe investigar más. Me parece muy extraño y no entiendo cómo hay gente que no los puede asesorar”, comentó.
Araya cree que aún existe el reto de hacer una política diferente y que el Partido Acción Ciudadana (PAC) no puede seguir defendiendo cosas así.
Para Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, y para Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, la búsqueda de soluciones a los errores como el pagar la prohibición indebidamente a Mauricio Ventura se ha limitado a “acomodar las cosas” o hacer interpretaciones “jaladas del pelo” para negar la corrupción.
El caso específico de Ventura es el quinto después de los viceministros de Gobernación, Vivienda, Justicia y Presidencia y se trata de que al ministro de Turismo le han pagado prohibición desde mayo del 2015, sin tener el requisito de estar inscrito ante el Colegio de Ciencias Económicas, a pesar de tener un máster en Administración de Empresas.
A partir del 7 de abril, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que preside Ventura, le dejó de pagar por la prohibición (65% del salario base) y empezó a pagarle dedicación exclusiva (55% de ese salario), calculada hacia atrás. Por esta razón, actualmente solo le exigen pagar la diferencia entre ambos: ¢3,6 millones.
Ni un plus , ni el otro. A pesar de que, en declaraciones a La Nación , el gerente del ICT defendió el pago a la dedicación, en dos normas diferentes se establece que, para cobrar la dedicación, es requisito estar colegiado.
Se trata del decreto ejecutivo 23669-H, del 31 de enero de 1994, y la resolución DG-254-2009, de la Dirección General del Servicio Civil, donde se enumeran los requisitos para pagar ese plus a funcionarios públicos cubiertas por la Autoridad Presupuestaria y por el Régimen de Servicio Civil.
En el primer documento se establece, en el inciso e, del artículo 3, la colegiatura como requisito para cobrar la prohibición. En el segundo, se establece el mismo requisito en el incido d, del artículo 4.
Se intentó conversar con Ventura, pero no contestó las llamadas que se le hicieron al celular este sábado.
Para Karla Prendas, jefa entrante de la fracción del PLN, el Gobierno “sigue tapando las cosas, se sigue haciendo de la vista gorda”, porque “tiene un grupo de gente que protege”.
“Procede destituir, que devuelvan el dinero, pero siguen llamando a la corrupción con otros nombres, a diferencia de cuando eran oposición”, dijo.