La fracción de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) decidió mantener entre sus asesores a dos dirigentes juveniles compañeros de los seis que Luis Guillermo Solís destituyó la semana pasada, por el caso de un documento que insinuaba el “uso de recursos políticos del Gobierno” para beneficio del Partido.
Con la oposición de los legisladores Ottón Solís y Marlene Madrigal y la ausencia de otros cuatro miembros (incluida Epsy Campbell, favorable a despedirlos), la bancada oficialista concluyó que no hay razones válidas para separar a Eduardo Solano, actual secretario general interino del Partido, ni a Óscar Jiménez, miembro de la Asamblea Nacional del PAC.
Solano y Jiménez fueron parte de los 12 dirigentes del grupo interno llamado Juventud Progresista (JP) quienes asistieron, el 20 de junio, a una reunión cuya minuta registra la propuesta de “aprovechar los recursos políticos de gobierno para beneficio partidario y JP”.
Entre esos dirigentes, había seis funcionarios de confianza del Gobierno, por lo que Luis Guillermo Solís decidió destituirlos 48 horas después de conocer la existencia de ese documento, aunque los dirigentes rechazaron de manera tajante haber planteado tal idea.
El objetivo de Solís era, a pesar de que no hubiera prueba de falta alguna, garantizar la confianza popular de que nadie del Gobierno esté desviando recursos públicos hacia el PAC.
Otra forma. Así no lo vieron anoche los legisladores oficialistas, quienes se reunieron para tomar la decisión y salieron con el anuncio: “Decidimos no separarlos”, dijo Marco Redondo, jefe de los diputados del PAC, quien antes criticó lo que él cree una tendencia general de aplicar medidas inquisitoriales. “Hay una tendencia de que por cualquier cosa, hay que cortar cabeza, como los jacobinos (Revolución francesa). Muchos quieren ser Robespierre”.
Redondo dijo que no hay hasta ahora pruebas ni fallos contra los asesores Eduardo Solano (secretario general a.i . del PAC y pareja de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga) y Óscar Jiménez (miembro de la Asamblea Nacional del Partido).
Esos son los únicos dos dirigentes de JP mencionados en la minuta, que tienen cargos de confianza en el Poder Legislativo. Otros seis compañeros suyos tenían puestos similares en el Poder Ejecutivo, pero Luis Guillermo Solís prefirió despedirlos como mensaje de transparencia.
Para Redondo, quien evitó calificar como correcta o incorrecta la decisión del mandatario, las circunstancias de Jiménez y Solano son distintas: “Ellos no manejan ningún tipo de recursos como para plantear esa opción. Dependen de nosotros”.
La conclusión molestó a Epsy Campbell y a Ottón Solís, de quien Juventud Progresista se declara rival dentro del PAC.
“Es una vergüenza”, consideró Campbell, quien ayer pidió al Comité Ejecutivo del Partido que separe a los dirigentes de JP de cualquier instancia de representación de la agrupación.
“Aludir a la necesidad de un debido proceso no cabe en cargos de confianza. Basta perder la confianza para poder separarlos. Uno de ellos (Solano) es subalterno mío y me toca trabajar con él”, lamentó la congresista.
Ottón Solís va un poco más allá: “Aquí no se necesita evidencia. Ellos están fraguando un plan para aprovechar recursos del Gobierno. Eso no tiene otro nombre más que corrupción”.
”Cada vez más, nos dejan sin argumentos para campañas políticas futuras. Cuando volvamos a hablar de ética, los otros partidos se van se reír de nosotros”, lamentó el fundador del Partido.
Este caso ha levantado llamas dentro del partido oficialista e incluso críticas internas a la decisión de Luis Guillermo Solís de despedir a los seis colaboradores implicados.
Los dirigentes de JP fueron denunciados, esta semana, ante el Tribunal de Ética interno del PAC. El caso lo presentó el asambleísta Fernando Jiménez, de una corriente adversa.