San José
El Frente Amplio (FA) vive una sacudida política interna a causa de que su diputado José Ramírez despidió a tres asesores por pertenecer a una tendencia política contraria a la suya en las elecciones de bases, de cara a la campaña política del 2018.
La decisión de Ramírez, de castigar con el despido a sus tres asesores, se ganó una condena de la cúpula del FA agrupada en la Comisión Política, la cual "deploró" el hecho de que los funcionarios fueran cesados por razones políticas. El lunes, ese órgano le pidió al legislador que restituya de inmediato a los militantes.
Los hechos que enojaron al diputado frenteamplista se remontan al 21 de mayo, cuando el Frente Amplio efectuó la asamblea provincial en Heredia para elegir a los nuevos delegados provinciales. Durante el proceso, el grupo de dirigentes afín al diputado resultó derrotado por el bando liderado por sus asesores Ulises Araya, Josseline Méndez y Alexánder Chaverri.
El primero fue elegido como presidente del comité provincial, la segunda como secretaria de formación política de la provincia y el tercero como delegado suplente del cantón central de Heredia.
En la relación de hechos que hizo la Comisión Política del FA, se detalla que Ramírez comunicó al jefe de fracción, Francisco Camacho, el cese de los tres asesores el 31 de mayo; y que el despido quedó en firme el 6 de junio, ratificado por el Directorio Legislativo.
El 12 de junio, la cúpula frenteamplista le pidió cuentas a Ramírez. Durante la sesión, el legislador argumentó que la razón fundamental del despido es su "carácter político", pues sus tres asesores no apoyaron su tendencia durante la provincial herediana.
El legislador, según la Comisión, argumentó que "ningún diputado tiene nombrados asesores que no sean de su tendencia o corriente, todos tienen en este momento personas de su misma tendencia, o por lo menos no son corrientes que han estado en conflicto o que son adversas".
Mediante un comunicado de prensa, Ramírez alegó que los despidos fueron legales porque cumplió con los procedimientos de cese administrativo, además de que los cesados estaban en plazas de confianza, en las que su continuidad depende completamente de él.
Agregó que las personas afectadas fueron debidamente comunicadas e informadas de las razones del despido. "Porque no estamos ante un acto arbitrario o ilegal, he decidido que no me voy a referir más sobre este asunto en particular", puntualizó.
En el Parlamento, los asesores de los diputados son contratados bajo el régimen de empleados de confianza, por lo que los legisladores pueden prescindir de ese tipo de personal sin que medie un proceso administrativo, a conveniencia del diputado. Los despidos de esos empleados, por lo tanto, tienen vigencia inmediata.
Daño a principios partidistas
Sin embargo, el secretario general del FA, Rodolfo Ulloa, afirmó este martes a La Nación que el partido no consideró válidas las razones de Ramírez, por lo que tomó la decisión de "deplorar el arbitrario despido" de Araya, Méndez y Chaverri y le solicitó al legislador reinstalarlos en los cargos que ocupaban en su despacho; además, la Comisión Política, donde el excandidato presidencial José María Villalta ocupa un puesto, ordenó al Comité Ejecutivo de la agrupación trasladar el caso al Tribunal de Ética.
"El despido ocurrió por razones políticas, no por incumplimiento laboral. No nos deberíamos tratar así entre compañeros. Si hay diferencias políticas en un despacho de un diputado, hay que tolerarlas. Este hecho, más que dañar la imagen del partido, daña los principios de fraternidad que hay entre la gente del FA", remarcó Ulloa.
El virtual candidato presidencial del FA, Edgardo Araya, dijo que espera que Ramírez escuche el llamado del partido.
"Es un compañero comprometido con la casa del FA. Por eso me duele que haya tomado esa decisión y esperaría que atendiera al llamado de la Comisión Política", comentó.
En el pronunciamiento de este 19 de junio, los miembros de la Comisión Política instaron a la fracción del partido amarillo, así como a su jefatura de fracción, a que velen por los derechos constitucionales, laborales y humanos de las personas frenteamplistas "y a no limitarse al cumplimiento de una reglamentación legislativa que no los garantiza".
Sobre este último punto, el jefe de bancada, Francisco Camacho, afirmó apoyar el llamado del partido pero, a la vez, considera que está obligado a cumplir con lo establecido en el Reglamento Legislativo en materia de procedimientos administrativos.
Es por esta razón que, según detalló este martes, no le hizo ningún tipo de advertencia sobre violación del debido proceso al diputado cuando le pidió tramitar ante el Directorio Legislativo el despido de sus tres asesores.
Y, pese a la instancia que le hizo uno de los máximos órganos del partido al diputado Ramírez, Camacho consideró difícil que se concrete la recontratación de los asesores despedidos.
"Lo que pasa es que el tema ya está finiquitado. Es difícil cuando un diputado ha tomado una decisión hacerlo revertir esa decisión. (...) Esto no tiene por qué generar más fricciones entre los compañeros diputados, no tiene porqué generar nada, más allá de una reflexión", concluyó el coordinador del FA.
La Nación le pidió una entrevista a Ramírez para consultarle si acatará la solicitud del FA, sin embargo, no contestó llamadas ni atendió mensajes.