San José
La Sala Constitucional resolvió que el proyecto de “Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos” no contiene roces con la Constitución Política.
Ese criterio preocupa a la diputada Patricia Pérez, quien planteó la consulta legislativa tras la aprobación del plan en primer debate, por considerar que el expediente viola la Carta Magna.
Según Pérez, la segura aprobación del plan en segundo debate “espantará los dólares” del país, causando un aumento aún mayor en el tipo de cambio y perjudicando la economía.
“La resolución de la Sala Constitucional es el mayor triunfo del Gobierno de Laura Chinchilla. Si lo que querían era desincentivar el ingreso de capitales externos lo van a lograr. Ahora todos quedamos condenados a sufrir por el tipo de cambio”, lamentó la legisladora.
Pérez y otros nueve diputados argumentaron ante la Sala Constitucional que el plan es inconstitucional porque le otorga al Poder Ejecutivo aumentar en 25 puntos porcentuales la tasa impositiva sobre las remesas al exterior.
La legisladora y quienes la acompañaron firmando la consulta, también alegaron que el proyecto rozaba con la Constitución porque en ninguna parte define cuáles son los capitales que estarán sujetos a las medidas que podrá ejecutar el Banco Central de Costa Rica (BCCR), cuando considere que el país está ante un desequilibrio macroeconómico por el ingreso masivo de capitales del exterior, en coyunturas en las que los inversionistas puedan obtener beneficios mayores.
“Ahora el Central tendrá a su disposición una herramienta para asustar al inversionista que viene del exterior. Con eso lo que van a lograr es espantar del país lo dólares, lo cual conllevará a un aumento del tipo de cambio”, sostuvo Pérez, quien se opuso al plan desde el primer momento en que fue propuesto por el Gobierno, en enero del 2013.
Aparte del aumento en la tasa sobre las remesas, el proyecto otorga al Poder Ejecutivo la potestad de obligar a los inversionistas a hacer un depósito correspondiente a un 25% del capital por invertir, el cual deberá realizarse en la misma moneda en la que los no domiciliados en el país compran los títulos valores.
Esas herramientas se podrán implementar hasta por seis meses una vez que la Junta Directiva del BCCR las ordene.
El Poder Ejecutivo y la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) consideran que los instrumentos que crea el proyecto de ley son necesarios pues el país podría estar expuesto al ingreso masivo de capitales en cualquier momento.