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Diputada del PAC propone reducir límites de velocidad y aumentar multas por infringirlos

Actualizado el 28 de junio de 2017 a las 07:17 pm

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Diputada del PAC propone reducir límites de velocidad y aumentar multas por infringirlos

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En Caldera de Esparza, en febrero del 2017 el choque de motos dejó un muerto y un herido grave. / Andrés Garita.

"Lo primero es el peatón, no el carro", afirmó la diputada Marcela Guerrero, del PAC, quien presentó un proyecto de ley para reducir los límites de velocidad y aumentar las multas por infringirlos, con la idea de sensibilizar a la población sobre la necesidad de detener las muertes en las carreteras.

Si el proyecto fuese aprobado, la velocidad máxima en zonas donde no exista demarcación bajaría de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h).

En las zonas urbanas de alta densidad poblacional, además, el límite pasaría de 50 a 40 km/h.

La iniciativa, además, introduciría un límite de 30 km/h para las rutas no demarcadas en las que no existan aceras o ciclovías.

"Lo que creo es que hay que generar la discusión, lo normal es que no hayan acercas ni ciclovías (en ciertas rutas)", afirmó la legisladora de Acción Ciudadana (PAC), quien lamentó que la mayoría de las obras viales todavía se planifiquen sin tomar en cuenta medidas de seguridad para peatones y ciclistas.

En cuanto a las multas, el proyecto las equipararía en ¢207.300 por exceder los límites de velocidad, salvo en el caso de quienes circulen a más de 120 km/h. En ese caso, se mantendría la multa vigente de ¢306.000.

Actualmente, la Ley de Tránsito establece multas graduales conforme los conductores sobrepasen las velocidades máximas:

-Por circular a más de veinte kilómetros por hora (20 km/h) sobre el límite máximo establecido, hoy se imponen ¢51.300.

-Por circular a más de treinta kilómetros por horas (30 km/h) sobre el límite máximo establecido, se imponen ¢103.600.

-Por circular a más de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h) sobre el límite máximo establecido, se imponen ¢207.300.

-Por circular infringir el límite de 25 km/h de las zonas escolares, de salud, de atención a adultos mayores y en sitios donde se celebren actividades masivas, se imponen ¢103.600.

El proyecto de Marcela Guerrero, en cambio, impondría una única multa de ¢207.300 por circular a una velocidad 5 km/h superior a los límites establecidos.

"Lo que se quiere es unificar y castigar, disminuir la velocidad", sostuvo Guerrero.

El proyecto, asimismo, exigiría a los policías de Tránsito aplicar un margen de tolerancia a las infracciones de velocidad de no más de 3 km/h sobre el límite cuando los choferes circulen a menos de 100 km/h. Actualmente, informó la legisladora, los tráficos usan un rango de tolerancia en sus equipos de 20 km/h.

Guerrero dijo que existe resistencia a disminuir las velocidades máximas porque muchas personas consideran que el espacio de la carretera es solo para el paso de vehículos y no también para personas.

"Las muertes y las discapacidades (por accidentes de tránsito) nos llevó a presentar el tema para abrir la discusión", agregó.

En el 2016, 448 personas fallecieron por accidentes de tránsito; 60 más que en el 2015, 93 más que en el 2014 y 184 más que en el 2013. Setenta de esas personas murieron atropelladas.

LEA: REPORTE DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL 2016

"Hay un movimiento de familiares de personas que murieron en carreteras y que demandan una respuesta. Esto no les va a devolver la vida de sus familiares, pero sí quieren llamar la atención", continuó.

Gabriela Rojas, representante de un grupo de familiares de víctimas, afirmó: "Soy una mamá que ya no tiene a su hijo, lo perdí en un accidente de tránsito. Cada día hay más muertes y cada día hay más mamás sin hijos y chiquitos sin papá o sin mamá, cada día la gente se vuelve más irresponsable. Vivimos en un país donde algunas personas creen que pueden irrespetar los límites de velocidad, y no es justo porque hay una gran mayoría de personas que sí creemos en conducir de forma prudente".

La diputada lamentó que no exista una visión sobre este tema en instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargado de mantener y construir carreteras, aunque el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) sí la tenga. "Hay una visión divorciada entre infraestructura y movilidad", comentó.

"Queremos menos presas, y la forma de lograrlo no es con más calles. La forma de tener menos presas es incentivando el transporte público y promoviendo espacios más seguros para que las personas decidan caminar o moverse en bicicleta.  La velocidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por eso debemos trabajar por calles que prioricen la vida ante todo", agregó la legisladora.

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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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