La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marlene Madrigal debió llegar a un arreglo de pago con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), para librarse de un proceso de cobro judicial.
La también prosecretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa negoció en noviembre pasado el acuerdo. El arreglo lo alcanzó solo dos meses después de que esa entidad la demandara en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del II Circuito Judicial de San José, por incumplir durante 22 meses el pago de un préstamo hipotecario, por el cual en ese momento todavía adeudaba ¢5,3 millones.
La oficialista aceptó desembolsar una cuota mensual de ¢250.000 durante dos años y, además, canceló ¢827.000 por los intereses moratorios, según consta en el acta de la junta directiva del Inder, del 18 de noviembre del 2014.
El gerente general del Inder, Walter Mora, aseguró que se negoció con la diputada porque ella cumplió con los requisitos y porque es un derecho que tienen todos los benefiarios de la entidad.
“El interés del Instituto, al final de cuentas, no es volver a recuperar las tierras porque estaríamos afectando a las mismas familias, el interés es que las familias salgan adelante, habrá casos que por situaciones naturales o de mercado, la actividad (productiva) de ellos se ve afectada y entonces, se ven estos problemas, nosotros siempre tenemos la voluntad de colaborar y así queda estipulado en los reglamentos”, dijo Mora.
Madrigal había adquirido en el año 2009 un crédito de ¢7 millones con la Caja Agraria del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que en el 2012 se transformó en el Inder, para financiar un fallido proyecto de producción de plátano. Ella puso a responder como garantía su parcela en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.
Mal entendido. La legisladora del PAC reconoce que durante un tiempo dejó de pagar las cuotas del préstamo hipotecario, pero alega que lo hizo a solicitud de las autoridades de esa institución durante el proceso de transformación del IDA al Inder, pues se iban a condonar algunas deudas.
“Nos dijeron que no podíamos cancelar ni un cinco. Yo al final no acepté (la condonación) porque ya veníamos hablando que había posibilidades de la candidatura y ya vos conoces toda la logística que existe aquí (en el PAC), en relación a si vos tenés o no tenés principios, entonces yo no la acepté, por eso fue que yo inicié el arreglo. La ley fue aprobada entre junio y julio, y yo hice mi primera solicitud de readecuación en setiembre”, afirmó la diputada.
Agregó que ella intentó alcanzar un arreglo de pago desde setiembre del 2013, sin necesidad de una demanda judicial, pero asegura que en las oficinas del Inder en Sarapiquí le extraviaron los documentos suyos y los de otras cinco personas que estaban en las mismas condiciones.
Aduce, además, que el cobro judicial es una venganza por las denuncias que ella ha hecho contra los funcionarios de esa oficina y culpabiliza a la exdirectora, de apellido Calderón.
“Yo siempre había esperado esto, porque yo sé que ella quedita no se va a quedar, no he conocido otra persona tan mala como esa, a mí por lo menos trató de hacerme daño, pero gracias a Dios uno tiene como defenderse (...). Tengo clarisísimo, esa gente tiene que ver cómo me golpean a mí, porque aquí (en la Asamblea Legislativa) a los legisladores este tipo de broncas no les gustan”, declaró la oficialista.