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Institución pide revelar datos cuando compañías manejan servicios o fondos públicos

Defensoría pide ley de acceso a información de entidades privadas

Actualizado el 28 de mayo de 2015 a las 12:04 pm

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Defensoría pide ley de acceso a información de entidades privadas

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La Defensoría pide acceso para evaluar información de empresas privadas que dan servicios públicos, como las autobuseras. En la imagen, la parada de Los Hatillos en Avenida Segunda, San José. (Graciela Solís)
La Defensoría de los Habitantes afirmó esta mañana que el país necesita una ley que obligue a las entidades privadas que provean servicios públicos, o que reciban fondos públicos, a revelar cualquier información relevante sobre sus actividades, con excepciones muy limitadas. 
Según la Defensoría, así lo recomendó un estudio sobre el acceso a la información en Costa Rica solicitado por esa institución a la Universidad de Nueva York (NYU).
“Aunque la Ley 9097 acerca del derecho de petición, aprobada en el 2013, fue un paso en la dirección correcta y permite a cualquier ciudadano realizar peticiones a un amplio rango de entidades, incluyendo algunas entidades privadas, no define claramente cuáles son las restricciones que se pueden permitir al derecho de acceso a información de interés público”.
“Por esa razón, una nueva ley debería ir más allá y garantizar el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información que dichas entidades poseen, más que garantizar la respuesta a la petición de un ciudadano dentro de un rango de tiempo razonable”, dijo la entidad en un comunicado.
Para elaborar el estudio, la NYU analizó las restricciones que ha tenido la Defensoría a la hora de solicitar información para evaluar la fijación de tarifas de servicios públicos que están concesionados a empresas privadas.
“La ley debe de limitar las excepciones bajo las cuales las compañías públicas o privadas que prestan servicios públicos pueden rehusarse a suministrar la información requerida. En ese sentido, el país debe estar atento y prevenir la aprobación de nueva legislación, como leyes para la protección de secretos comerciales, que puedan limitar la aplicabilidad de una ley de acceso a la información", añade la Defensoría.
 
Según la NYU, la restricción debe ser menor cuando el solicitante es un órgano de control público: “Es decir, aún si una parte de la información puede ser considerada como confidencial cuando la requiere un ciudadano privado, un órgano gubernamental como la Defensoría debe de tener acceso ilimitado a ésta en orden de cumplir con su mandato de Ley". 
El estudio advirtió, además, que muchos países de Latinoamérica se han adelantado a Costa Rica en el establecimiento de agencias que monitorean el acceso a la información pública.
Asimismo, que los jueces deben ser capacitados en esta materia.
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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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