El riesgo de que los recortes al Presupuesto Nacional pongan en peligro la prestación de servicios a los sectores más vulnerables de la población, encendió las alarmas en la Defensoría de los Habitantes.
Por eso, la defensora Montserrat Solano le envió una carta al ministro de Hacienda, Helio Fallas, para recordarle los compromisos adquiridos por el Estado en derechos humanos.
Solano explicó que hicieron la misma advertencia durante el trámite legislativo del Presupuesto Nacional de este año, en noviembre pasado, ante la posibilidad de que las reducciones afectaran fondos destinados a servicios básicos, como la comida para los Cen-Cinái.
“Tras esa experiencia y conscientes de que cada institución ya prepara su anteproyecto de presupuesto, vamos a actuar de manera preventiva para recordarle al Estado que tiene obligaciones”, manifestó Solano.
Lo que viene. Por el momento, el Gobierno está en proceso de recoger las peticiones presupuestarias de cada ministerio, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para luego armar un que será depurado entre julio y agosto hasta llegar a la versión final.
El proyecto de ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2016 iniciará su trámite en el Congreso el 1.º de setiembre y debe estar aprobado antes del 29 de noviembre.
“La Defensoría es consciente de la necesidad de una mayor frugalidad presupuestaria ante la coyuntura fiscal actual, pero dicha austeridad no se puede lograr sacrificando el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los habitantes”, escribió Solano en la carta a Hacienda.
Durante el proceso de aprobación del Presupuesto 2015, la Defensoría había señalado los inconvenientes de eliminar partidas en los ministerios de Salud y Educación, entre otros.
Solano agregó que, de acuerdo con convenios internacionales, en tiempos de crisis el Estado debe asegurar los servicios con programas de bajo costo.