El Directorio del Congreso analiza si procede mantener el nombramiento de la vicepresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin, en una plaza legislativa.
La evaluación obedece a una recomendación de la Procuraduría de la Ética, la cual concluó, en un informe, que el expresidente legislativo, Henry Mora, del PAC, faltó al deber de probidad al asignarle a Martin una mejor plaza en la Asamblea, el año pasado.
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El primer secretario del Directorio, Juan Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que este martes se acordó estudiar el caso y que, antes de tomar una decisión, van a esperar a conocer el criterio del Departamento de Asesoría Legal para definir el procedimiento a seguir.
“¿Qué hacemos con la funcionaria? Ese sí es un tema de nosotros. ¿Cuál es el procedimiento? la recomendación es que hay que revisar el nombramiento. Por lo menos (la Procuraduría), hace una instancia de que el Directorio legislativo debería valorar la continuidad o no del tema”, expresó el verdiblanco.
Martin obtuvo una plaza en la Dirección de Prensa y Protocolo, sin que mediaran estudios técnicos y sin que la jefa de esa dependencia solicitara su nombramiento.
Ella fue designada por Henry Mora en el puesto de un chofer que se jubiló. La plaza fue recalificada para un profesional 2B, con lo cual el salario pasó de ¢370.000 (chofer) a ¢1,4 millones mensuales.
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Juan Marín también aseguró que será el Departamento Legal del Congreso el que defina la ruta a seguir con respecto a Mora, pues la cúpula legislativa desconoce cuáles son sus facultades para un caso de este tipo, en el cual el legislador tiene inmunidad parlamentaria.
“Queremos saber desde el punto de vista del derecho qué debería hacer la Asamblea Legislativa, si está habilitada para abrir algún tipo de procedimiento”, agregó Marín.
Archivo. Por este mismo caso, la Fiscalía General acordó sepultar una denuncia anónima por el presunto delito de prevaricato contra los miembros del anterior Directorio de Asamblea Legislativa, el cual estaba integrado por Mora y los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Rodríguez y Luis Vásquez.
El Ministerio Público determinó que el caso debía ser archivado por “motivos de atipicidad”. En el expediente, se investigaba si los tres legisladores habían dictado una resolución contraria a la ley, o bien, con base en hechos falsos.
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