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Crece tensión en Congreso por nombramientos clave

Actualizado el 01 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Entre febrero y mayo se eligen o ratifican cerca de 15 funcionarios públicos

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Los diputados mantienen el salón del pleno de la Corte Suprema de Justicia con tres sillas vacías, pues tienen pendientes los nombramientos de tres magistrados propietarios, uno para la Sala Segunda, otro para la Tercera y uno de la Sala Constitucional. | ADRIÁN SOTO.

La potestad de los diputados para designar magistrados de la Corte Suprema de Justicia o para ratificar los nombres de algunos funcionarios recomendados por el Consejo de Gobierno ha convertido esos puestos en objeto de una intensa negociación entre fuerzas políticas.

De hecho, el nombramiento de esos cargos clave, ya sea en el Poder Judicial o en el Ejecutivo, eleva las tensiones entre oficialismo y oposición, pues cada frente intenta colocar a las personas más afines en funciones estratégicas.

Ese aire tenso recorre hoy los pasillos del Congreso, en donde se discutirán, entre febrero y mayo, los nombramientos o ratificaciones de cerca de 15 funcionarios públicos.

“Hemos tomado los nombramientos con seriedad, porque se ha tratado de politizar. Vemos currículos y hasta la escuela jurídica de cada persona. En lo personal, creo que no se debería discriminar a nadie por su filiación política." Julio Rojas, vocero del PLN

Esos puestos importantes están sobre la mesa, casi como moneda de cambio en las negociaciones, ya sea de forma explícita o tácita, pues privilegiar una discusión, también implica intereses de un lado o del otro.

Por el momento, el ajedrez les permitiría a los diputados nombrar a un magistrado propietario de la Sala Segunda (materia laboral) y uno de la Tercera (materia penal), pues ambos casos ya están en el plenario.

Ambas elecciones están en agenda desde el 16 de junio del año pasado: hace ya siete meses.

Le sigue en la lista de pendientes la designación de un magistrado más en la Sala Constitucional y ocho suplentes para la Sala Tercera.

Afinidades. El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Leiva, comentó que los puntos de selección en cualquier designación se basan en criterios éticos, morales, técnicos y de experiencia en la función pública.

Afirma que la segunda fase de evaluación implica la afinidad de su pensamiento y decisiones cercanas a su filosofía del Partido.

Pero los pendientes no acaban ahí. El lunes pasado, los legisladores ratificaron a Marta Eugenia Soto como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero dejaron en suspenso dos más: la de Silvia Charpentier (exdiputada del PLN) y de Victoria Hernández, para el completar esa junta.

El abanico de los puestos se completa con los nombramientos del jerarca de la Procuraduría General de la República (órgano que funciona como abogado del Estado), actualmente en manos de Ana Lorena Brenes, y el jefe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que hoy es Dennis Meléndez.

"Nosotros no jugamos a la negociación, nos atenemos a la evaluación de los compañeros de la Comisión. Ni proponemos ni nos dejamos proponer. En los cargos deben estar las personas que cumplan con los requisitos, no por un interés partidario." Marco Redondo, vocero del PAC

Ambos fueron nombrados el 8 de mayo del 2010, para un periodo de seis años, bajo el mandato de Laura Chinchilla. Tanto Brenes como Meléndez han tenido choques con el actual Gobierno, por lo que en el Congreso no ven una reelección en el horizonte.

El vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), Julio Rojas, intenta ponerle al debate un matiz diferente al político.

“Han tratado de politizarlo (sin referir quiénes), pero nosotros vemos currículos y escuela jurídica (...). En lo personal, pienso que no debe haber descarte por filiación partidaria”, expresó.

De hecho, para un reciente nombramiento de magistrado de Sala Primera (que ve asuntos de contratación administrativa, materia civil y comercial), el PLN impulsó a un asesor liberacionista para que ocupara dicho cargo, sin tener éxito en la negociación.

El líder de la fracción oficialista, Marco Redondo, evalúa que “oficialmente” la discusión sobre los nombramientos está en aguas mansas.

Eso sí, adujo que por sus normas éticas, el Partido Acción Ciudadana (PAC) no juega a la negociación ni deja que los presionen por nombres específicos.

El jefe del Frente Amplio, Gerardo Vargas, no ve motivo de descarte de un candidato si tiene filiación política, mientras posea los atestados.

Eso sí, opina que los tiempos en que se hacían nombramientos a gusto y reparto de los partidos dominantes quedó sepultado con la desaparición de bipartidismo del PLN y PUSC.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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